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miércoles, 10 de octubre de 2012

Bienes Nacionales denuncia gigantesco y millonario robo de áridos para construcción en el desierto

 

  • Se trata, según la ministra Catalina Parot, del “fraude más grande en materia territorial”. Ingresos no percibidos por el fisco, sólo en la Región de Antofagasta, alcanzan a cerca de $ 32.000 millones en la última década.
Fuente: La Segunda
La extracción de material para construcción también produce un daño ambiental en el desierto.
Santiago, Chile. 9 octubre, 2012. “El más grande fraude que hay en materia territorial en Chile”. Así califica la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, el millonario robo al fisco que se produce desde hace años en el desierto chileno a través de la extracción no autorizada de áridos. Se trata de un elemento clave para elaborar el asfalto y hormigón que demandan la gran cantidad de empresas constructoras y mineras que operan en la zona.
Sólo enla Regiónde Antofagasta se han detectado 167 puntos de trabajo. De ellos, 65 están activos, pero únicamente 15 tienen un arriendo vigente. Es decir, hay una persona o empresa que paga los derechos pertinentes al fisco. El resto son todas excavaciones irregulares.
Los montos involucrados en este negocio son millonarios… para los particulares.
Por cada metro cúbico de árido extraído, el Estado cobra $ 539, mientras que los privados piden $ 4.000.
Es decir, indican los expertos del ministerio, en la última década los privados han percibido a lo menos $ 257.000 millones con el negocio, sólo en la región de Antofagasta. Aunque a esa cifra se le debe restar los costos de operación, la ganancia sigue siendo inmensa.
Mientras, el fisco ha dejado de percibir en el mismo periodo cerca de $ 32.000 millones de pesos por concepto de arriendo de terrenos y la extracción de material, que las firmas nunca han pagado.
“La Segunda” recorrió las zonas más afectadas por las extracciones ilegales en Antofagasta, junto a fiscalizadores de Bienes Nacionales que están trabajando en un plan para regularizar el uso de inmuebles y terrenos fiscales. En el recorrido fue posible ver, incluso, plantas no autorizadas que cuentan con instalaciones de concreto, baños y oficinas. En una incluso había una sala de recreación para sus trabajadores.
En contrapartida, los fiscalizadores -ocho para toda la región, provenientes de Santiago porque en la zona sólo hay dos- no cuentan siquiera con camionetas doble tracción.
En el viaje visitamos los 167 puntos catastrados, los que seguramente son menos que los pozos de extracción que proliferan en el desierto y donde las empresas instalan sus maquinarias para sacar gravilla, ripio o arena. De hecho, al interior de Bienes Nacionales se estima que el desmedro al fisco puede ser tres veces mayor al estimado.
Las empresas ilegales no tienen problema en "anunciarse" a los posibles compradores.
Descoordinaciones con órganos estatales
A esto se suma una descoordinación entre Bienes Nacionales, Medio Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas y el Servicio de Impuestos Internos.
Las empresas no sólo roban el material, sino que a veces el poder comprador es el propio Estado, que usa el árido sacado en forma ilegal para arreglar caminos, levantar hospitales o casas.
En la ruta que va desde San Pedro de Atacama hasta el paso internacional de Sico, los fiscalizadores revisaron los papeles de Sicomaq, que ganó una licitación del MOP para realizar un desvío en la ruta. No tenían certificados de extracción legal de áridos.
Un operario sólo explicó que “la empresa hizo un trato con la comunidad indígena de Toconao -pueblo aledaño a la planta- y si ustedes dicen que es ilegal, me desayuno con esa noticia. De inmediato haremos la solicitud para arriendo con el Ministerio de Bienes Nacionales”. Tras esto solicitó la dirección de la oficina de la cartera en Calama para hacer el trámite.
El impacto ambiental
El arquitecto y jefe del equipo de fiscalizadores del Ministerio, Ignacio Panatt, afirma que es una respuesta muy recurrente para “sacarse la fiscalización de encima. Independiente de quien administre el terreno, están sacando áridos de una zona que le pertenece al Estado. Es lo mismo como si sacaran algo de un terreno privado, acá el dueño es el fisco”.
Camino hacia la costa y en el sector de Limón Verde de Calama, la empresa IMS Patagonia extrae material para un proyecto que tiene con Codelco. El supervisor de la planta, quien no quiso identificarse, mostró el documento que acredita que hizo la solicitud de arriendo, lo que no se traduce en un permiso para explotar la zona. Pese a esto, la planta cuenta con varios containers y maquinaria que trabaja en el lugar. Incluso, con los fiscalizadores en el terreno, en 20 minutos salieron cuatro camiones llenos de material.
De hecho, hay empresas que además de extraer los áridos tienen en la misma zona maquinaria para hacer hormigón o asfalto, lo cual requeriría un estudio de impacto ambiental, que tampoco se cumple.
Y el arquitecto Panatt recalca que al daño monetario se suma el ambiental. “El desierto es un lugar natural, que no es cosa de llegar e intervenir. Cada acción genera cambios, levantan tierra y el terreno en sí se modifica. En algunos casos se destruye la escasa flora que hay en el lugar”.
Descargos de las empresas
Los descargos de las empresas van contra el trámite que se debe hacer para regularizar la situación. Una de las dueñas de la compañía Mario Torres, Yanina Barrera, asegura que junto a su esposo estuvieron 4 años solicitando el permiso. A la carpeta con el proyecto indicando la superficie y el volumen de extracción, debieron sumar, entre otras cosas, el detalle de la inversión, las boletas de garantía y un plan de manejo para dejar el terreno tal como se encontró antes de cavar pozos.
Y agrega: “Tampoco es sólo culpa de la burocracia, lo reconozco. Nos dijeron que teníamos una deuda por $ 17 millones y fracción que estaba pendiente con el Consejo de Defensa del Estado. No había alternativa y pagamos, porque obviamente habíamos ocupado el terreno y lucrado de la tierra, pero aún así al momento de querer hacer las cosas bien el trámite es lento”.
Recalca Yanina Barrera: “Ahora queremos cumplir las reglas porque queremos trabajar con empresas grandes”.
Si bien esta sociedad actualmente arrienda el terreno, estuvo muchos años sin permiso, al igual que otras 50 que están trabajando. Las multas que se han cursado a algunas empresas -en mayo de 2010- van desde UF 10 ($ 226.046) a UF 3.630 ($ 82.054.698).
Nada, comparado con las cifras que ganan las empresas con el negocio de sacar gratis lo que les pertenece a todos los chilenos.
Ministra Parot: “También denunciaremos a las empresas compradoras”
A fin de cortar de raíz el robo de áridos, la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, anunció un plan interministerial para coordinar esfuerzos y bloquear la venta de las empresas que extraen material de forma ilegal.
Según Parot, habrá denuncias en tribunales y ante el Consejo de Defensa del Estado contra las firmas que compran los áridos robados si no hay una colaboración inmediata para “evitar esta transacción y que sigan blanqueando este mercado negro. Acá no solamente el que saca comete la ilegalidad; también debiera haber una sanción para el comprador y nosotros vamos a empezar a denunciarlo”.
Esto también incluye un trabajo interno y la disposición del Servicio de Impuestos Internos y Medio Ambiente para que colaboren con esta tarea. “El material se vende a empresas legalmente constituidas sin pagarle un peso al fisco, ni por arriendo y evitando impuestos, muchas veces sin cumplir con los derechos laborales y procesos ambientales”, explicó la ministra.
Otro factor importante es la tarea que deberá cumplir el Ministerio de Obras Públicas (MOP), ya que en el norte es el principal mandante de obras de construcción y carreteras. Por ello, adelantó Parot, “vamos a hacer un programa con el MOP para evitar que las empresas que tienen un contrato con esta cartera, o le venden áridos, sigan en la ilegalidad. Antes de iniciar una obra deberán primero acreditar que tienen un contrato con el Ministerio de Bienes Nacionales, si el material es sacado de terrenos fiscales”.
En cuanto a los descargos de las empresas que acusan procesos lentos para conseguir el arriendo, la ministra reconoce que hay fallas y que están en proceso de mejoras. “Sé que el procedimiento es engorroso, nosotros tenemos poco presupuesto, poco personal y estamos haciendo un esfuerzo para que el Gobierno Regional nos ayude a alivianar los trámites de la Seremi de Antofagasta”.
Sin embargo, recalca, “las empresas que extraen sin permiso se sienten protegidas sólo por ingresar la solicitud de arrendamiento y eso tampoco es correcto. Es como cuando una persona pide arrendar una casa, y por el solo hecho de postular se siente con el derecho de instalarse sin que el dueño pueda decidir si acepta ese negocio y en qué condiciones”, finaliza la ministra.

Colbún planea centrales hídricas en el Maule de 400 MW

 

  • Firma ha solicitado derechos de agua en la región con miras a reunir un potencial suficiente que le permita desarrollar proyectos por unos US$ 800 millones.
Fuente: Pulso
La compañía ha sumado derechos de agua en la región para construir este complejo. La idea es que la potencia mínima sea de 400 MW o una cifra superior a esa.
Santiago, Chile. 9 octubre, 2012. La empresa eléctrica ligada a la familia Matte -la segunda mayor generadora eléctrica del país, tras Endesa- ya está diseñando lo que será el proyecto que sucederá a su actual carpeta de iniciativas, el que se localizará en la Región del Maule, concretamente en el río del mismo nombre y en afluentes y consistirá en un complejo de centrales de pasada.
Para conseguirlo, la empresa ha solicitado una serie de derechos de agua mediante distintas sociedades, con miras a sumar un potencial razonable que le permita alcanzar una potencia total superior a los 400 MW, según comentó a Pulso una alta fuente de la compañía energética. A US$ 2 millones el MW, la inversión total sería en torno a los US$ 800 millones.
De pasada
El programa completo considera la construcción de pequeñas centrales de pasada, que podrían estar conectadas entre sí, para aprovechar el caudal de estas aguas, en las que Colbún ya tiene derechos pero que requiere agregar otros adicionales para completar el plan. La idea es, además, que estas centrales (que tendrán potencias cercanas o inferiores a los 400 MW) sean reconocidas como ERNC en la ley de fomento a las energías renovables. Así la firma puede cumplir con los mínimos exigibles por la normativa.
Sin embargo, la idea está en etapas tempranas. Actualmente se está en diseño y podría avanzar a fases de ingeniería de detalle el año entrante.
Por ahora, Colbún está concentrado en concretar sus dos proyectos hidroeléctricos más importantes: Angostura y San Pedro, esta última envuelta en un problema técnico del que recién habrá soluciones en 2013.
Nuevo EIA
Si bien se planteó que San Pedro requerirá un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (un alto ejecutivo de la empresa en la Región de Los Ríos lo reconoció ante la prensa local) en Colbún señalan, de manera oficial, que esto no está del todo resuelto y sólo una vez que se tengan los resultados de los monitoreos de la calidad de la roca que ya están llegando, pero que recién se analizan, podría tenerse una decisión final.
En caso de que así sea, la central no podrá retomar obras el próximo año como estaba previsto, sino que recién cuando se apruebe este nuevo estudio de impacto ambiental, lo que demorará su entrada al sistema hasta 2015.
Esto aún cuando en el programa de obras de la Comisión Nacional de Energía (CNE) del año pasado, San Pedro entraba en 2012.
El otro de sus proyectos hídricos, Angostura, tiene fecha para 2013 pues ya a mediados de año tenía un porcentaje de avance del 69% en las obras. El monto de inversión supera los US$ 675 millones y la capacidad instalada llega a 316 MW.
Adicionalmente, la empresa está trabajando en un plan para levantar un terminal flotante de GNL en los terrenos de Oxiquim en Quintero, junto con AES Gener. También evalúa construir una nueva turbina en la central termoeléctrica Santa María, en Coronel, además de estudios en el área de geotermia.

Puertos: otra tarea pendiente, pero hay obras en carpeta

 

Fuente: Pulso
Santiago, Chile. 9 octubre, 2012. No es misterio que los puertos chilenos se están quedando chicos. La fuerte transferencia de carga -y los barcos cada vez más grandes- han llevado a los terminales portuarios a desarrollar planes de crecimiento a varios años y etapas. Todo para evitar un colapso a corto plazo.
Valparaíso: se prevé una inversión de US$ 550 millones para los próximos 10 años.
Valparaíso: licitación por US$ 2.000 millones
Valparaíso se ha caracterizado por poseer una de las mayores transferencias de carga en la última década. Entre el año 2000 y 2010, la carga se incrementó en 150%. Esto impulso a la estatal Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) a desarrollar el puerto a través de distintas etapas
Según Alfonso Mujica, presidente de EPV, se prevé una inversión de US$ 550 millones para los próximos 10 años, considerando la extensión del sitio 3 del Terminal 1; la apertura del borde costero Puerto Barón, además de la licitación del Terminal 2.
El objetivo para esto último es elevar la carga y permitir la llegada de un mayor número de buques boxs Panamax. La licitación está avaluada en US$ 350 millones y se espera que se adjudique antes de que finalice este año para tener listo y operativo el Terminal 2 en 2018. Eso sí, el puerto busca en una primera etapa maximizar el uso de las aguas abrigadas que otorga el actual molo de abrigo, según explica EPV. Tras el desarrollo de los Terminales 1 y 2, el próximo paso será crecer a través de los terminales fuera de puerta Yolanda y San Mateo. Ambos demandarán una inversión de US$ 1.500 millones en el largo plazo, pero no hay fechas.
San Antonio: La Empresa Portuaria San Antonio ingresó en febrero una Declaración de Impacto Ambiental para ampliar el Sitio 3 en más de 30 metros hacia el sur.
San Antonio: un nuevo molo hacia el año 2028
El Puerto de San Antonio se ha consolidado como uno de los grandes puntos de comercio exterior que tiene Chile. En 2011, tuvo un 51% de participación en el mercado regional de puertos de uso público, con más de 15 millones de toneladas transferidas. Claro que tanta actividad ya le está poniendo presión a su infraestructura Por ello, la estatal Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) ingresó en febrero una Declaración de Impacto Ambiental para ampliar el Sitio 3 en más de 30 metros hacia el Sur desde la estructura existente, tarea que requerirá una inversión de US$ 7 millones. El puerto, además, tiene prevista soluciones a largo plazo: para 2028 prevé la construcción de una nueva explanada y una dársena interior, que según la firma dotaría con un nuevo frente al sector.
Iquique: La estatal Empresa Portuaria Iquique (EPI) a 2016 invertirá US$ 23 millones.
Iquique: crecer con miras a 2016
Iquique es considerada una de las regiones con mayor actividad económica, y su terminal internacional no es la excepción. De ella, por ejemplo, exportan cobre Cerro Blaco y Quebrada Blanca, además de la importación de mercadería desde Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina. En 2011, el puerto transfirió 2,7 millones de toneladas. Este dinamismo llevó a la firma a anunciar una inversión de US$ 11 millones para los proyectos de rellenos “del borde costero” y “de la poza del bote salvavidas”. Estas últimas deberían listas completamente a mediados de 2013.
El grueso de las obras serán de la estatal Empresa Portuaria Iquique (EPI). A 2016 invertirá US$ 23 millones. Los proyectos se basan en la ampliación del Sitio 4 -una de las puntas con dirección norte- en 69 metros; un tercer frente de atraque que se sumará a los dos existentes; un puente que haga de segunda entrada desde el continente al terminal; el relleno del borde costero, con ampliación ilimitada de crecimiento; y el relleno de pozas.
Arica: el volumen de carga se duplicará en 2018 y en 20 años crecerá 3,5 veces.
Plan de Arica a 20 años
Más de 350 naves recalaron en el Puerto de Arica y casi 2,7 millones de toneladas en 2011. La empresa cuenta con tres grandes infraestructuras y cinco sitios de atraque, pero ya se ha planteado escenarios en términos de tonelaje a transferir, considerando 10,5 millones de toneladas en 2030, según las estadísticas de la propia firma.
Siguiendo un escenario de los últimos cinco años, el volumen de carga se duplicará en 2018 y en 20 años crecerá 3,5 veces.
Según la empresa, “en los 20 años anteriores se triplicó el volumen”. A 2015, EPA prevé ampliar las áreas conexas, incorporando terrenos de la Armada, adyacente al muelle de pescadores. Para el horizonte de veinte años, se considera la ampliación de la zona de transferencia y que todas las áreas de concesión a los sindicatos de pescadores artesanales pasarían a ser nuevas áreas operativas. Según el Plan Maestro de EPA, “se considera asimismo la ampliación de esta área de transferencia, posibilitando la extensión de la línea de atraque del Sitio 2b hacia el noreste”.
Claro que la empresa no se ha quedado de brazos cruzados, ya que en los últimos 20 años ha invertido unos US$ 44 millones para el Muelle Asísmico, la reparación del Molo de Abrigo, dos grúas Gottwald y la pavimentación del Patio de Minerales-Zona Norte del terminal portuario.
San Vicente-Talcahuano: ingresó al SEIA un proyecto para ampliar el puerto a un cuarto sitio, obras que demandarían unos US$ 100 millones.
San Vicente-Talcahuano: crecer a un cuarto sitio
El sur de Chile no se queda atrás con el dinamismo portuario. Así se desprende tras conocerse los planes de desarrollo que la estatal Puerto de San Vicente en Talcahuano (SVTI), tiene en cartera para desarrollar y que, se prevé, tendrán una vida útil de 50 años. Esto ya que a principios de año la compañía ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) un proyecto para ampliar el puerto a un cuarto sitio, obras que demandarían unos US$ 100 millones.
No es de menos, ya que en 2011 el SVTI transfirió 5,7 millones de toneladas, en comparación con los 5,2 millones de 2010. Claro, con clientes como CSAV y SAAM es difícil no tener este incremento. A ello, y al igual que los grandes puertos del país, se suma la necesidad de ampliar la infraestructura para recibir buques cada vez más grandes. Es más, SVTI recibió un barco de casi 340 metros de largo, el MSC Asya.

Transportes proyecta ampliar todas las líneas de Metro y un tren de cercanías al aeropuerto

 

  • Propuesta contempla extender Línea 4 a Renca y Maipú, Línea 2 a San Bernardo y una nueva por Santa Rosa. También se considera servicio de tren ligero a Quilicura y Padre Hurtado.
Fuente: El Mercurio
El patrón de viajes seguirá siendo radial. La mejor forma de resolver la movilidad es a través de transporte masivo en áreas de alta densidad.
Santiago, Chile. 9 octubre, 2012. Una completa reformulación de los servicios de transporte público contempla el Plan Maestro de Transporte de Santiago que elabora la Subsecretaría de Transportes.
“El Mercurio” tuvo acceso a parte de su contenido, cuando fue presentado ayer en el marco del seminario “El futuro de la movilidad en Chile”, durante el Salón del Automóvil.
Según el diagnóstico de Transportes, debido al crecimiento económico del país, el actual parque automotor capitalino de cerca de 1,4 millón de vehículos (datos de 2010) crecerá a casi 2,4 millones en 2020.
Ese escenario tendrá como efecto que los tiempos de viaje actuales se duplicarán y la velocidad en vías urbanas se reducirá dramáticamente por la alta congestión.
Para evitar un deterioro en la movilidad urbana -que puede incidir en la capacidad de crecimiento del país- el Gobierno apuesta por potenciar el transporte público. Para ello, las actuales líneas de Metro -e incluso los proyectos de las líneas 3 y 6- ampliarán su extensión para llegar a las zonas periféricas hacia las cuales crecerá la ciudad.
Así, por ejemplo, se proyecta que la actual Línea 4 se expanda desde Tobalaba hacia el norponiente: cruzará el río Mapocho hasta Conchalí y Renca. Por el sur, la línea 4A crecerá desde La Cisterna hasta la estación Del Sol de la Línea 5, en Maipú.
El plan contempla además un anhelo de los vecinos de la zona sur: prolongar la Línea 2 desde La Cisterna hasta San Bernardo.
También se incluyen las extensiones de la futura Línea 3 al Hospital Militar y de la Línea 6 al eje Vitacura, donde podría empalmar con una prolongación de la Línea 1 por la Avenida Las Condes. La Línea 1 también se alargaría desde San Pablo por el eje Mapocho-J.J. Pérez.
Otro proyecto es una nueva línea entre la Alameda y Vespucio Sur por Santa Rosa, y los anunciados proyectos de trenes de cercanías a Quilicura, Lampa y Padre Hurtado, además de una extensión al aeropuerto Arturo Merino Benítez.
La subsecretaria de Transportes, Gloria Hutt, señala que con la localización de la población en los alrededores y el centro de Santiago “el patrón de viajes seguirá siendo radial y pensamos que la forma más eficiente de resolver la movilidad es a través de transporte masivo en áreas de alta densidad”.
Hutt agrega que, con el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS 100) operando, “se genera un servicio de costo alto, porque se requieren muchos buses en zonas alejadas. Entonces, se deben densificar ejes completos, con líneas de alta capacidad en distintos modos, como trenes de cercanías, metro o buses bien resueltos con corredores exclusivos”.
El Plan Maestro será presentado por Transportes al Presidente Sebastián Piñera en diciembre y la intención es implementarlo antes de la próxima década.

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