Estudio de la PUC revela que normativa de diseño estructural es adecuada pero puede mejorarse

 

Fuente: Diario Financiero

En la imagen, el Edificio San Agustín de la PUC que cuenta con aisladores elastoméricos que disminuyen el impacto de un sismo en las deformaciones de la obra.

Santiago, Chile. 4 marzo, 2013. A raíz del terremoto de febrero de 2010, el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) realizó un estudio llamado “Normativa chilena de construcción: antes y después del terremoto del Maule”.
En uno de los capítulos del informe, los académicos Diego López-García y Hernán Santa María, abordaron la normativa de diseño estructural que, de acuerdo a sus conclusiones, afirma que “el terremoto dejó en evidencia que la enorme mayoría de las construcciones realizadas resistió bien. Esto quiere decir que la norma, en lo esencial, es una norma adecuada, aunque esto no quiere decir que no sea perfectible”, según señala el investigador asociado del Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales (Cigiden), Diego López-García.
El ingeniero estructural, que también es académico de la PUC, agregó que “en ciertos lugares de Chile hay que caracterizar mejor la amenaza sísmica, por ejemplo, en ciertas zonas de la ciudad de Concepción. Y otro tema es que algunos detalles de ciertos elementos estructurales, principalmente muros de hormigón armado y muros de mampostería, deben ser mejorados y sobre eso ya hay una nueva norma en vigencia”.
Para el experto, el terremoto puso evidencia que en ciertas zonas del país la amenaza sísmica no era adecuada. Sin embargo, destacó que la normativa de diseño estructural, que establece elementos como espesor mínimo de muros, resistencias de vigas y otros elementos relacionados, es “adecuada”.
“En Chile los edificios están bien diseñados (…) en ciertos casos, ciertos detalles de muros de hormigón armados, no eran correctos. La norma relajaba algunos requerimientos y el terremoto dejó en evidencia que no había que relajar esos requerimientos y, de hecho, estos ya han vuelto a ser incorporados a la norma”, agregó.
El trabajo desarrollado por Santa María y López-García se refirió no sólo a las normas técnicas, sino a las que están relacionadas con estas, al momento de construir. El objetivo de este trabajo fue examinar la normativa vigente tras el terremoto de magnitud 8,8 richter del 27 de febrero de 2010.
Entre otras conclusiones, el estudio destacó que falta un sistema de revisión de daños post terremoto que debería estar a cargo de ingenieros y encabezado por una entidad gubernamental que haga un catastro nacional después de un movimiento telúrico severo. También consignó que aunque la ingeniería estructural ha mejorado sustancialmente, resaltan medidas como la que estableció la necesidad de que los diseños estructurales, en edificios sobre 5 pisos, tengan que ser revisados posteriormente por otro ingeniero, distinto al que lo diseñó.

Municipio de Lo Barnechea propondrá mesa ministerial por ampliación de Andina

 

• El alcalde, Felipe Guevara, planteó que la instancia debería estar integrada por Salud, Obras Pública, Medio Ambiente y Minería. En tanto, Codelco estima que a mediados del próximo año recibiría la autorización ambiental para la millonaria iniciativa.

Fuente: Pulso

Codelco ha sostenido una serie de reuniones con autoridades y vecinos de la comuna de Lo Barnechea, para explicar los alcances y efectos del proyecto de expansión de Minera Andina.

Santiago, Chile. 4 marzo, 2013. “Codelco trata de zanjar este tema lo antes posible y creo que no será tan rápido como ellos creen. Esta es una decisión política del gobierno y creo que eso no lo va a resolver hasta después de las elecciones (presidenciales), porque va a depender de quién es el sucesor”. Así de claro se mostró el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, quien detalló los pasos a seguir en el conflicto que mantiene con la estatal por la ampliación de Minera Andina, que considera una inversión de US$ 6.800 millones.
Según el edil, “si se resuelve en este gobierno, lo hará a fines de este año”. Es por esto que el jefe comunal ha iniciado una serie de conversaciones con personeros de la actual administración a fin de hacer pública su molestia por la “la falta de información” que ha presentado la cuprífera a la comunidad.
De esta forma, el jefe comunal, junto con su equipo, evalúa una reunión con el ministro de Minería, Hernán de Solminihac y la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, la que se concretaría antes del 15 de abril, fecha en la que Codelco debe presentar las respuestas a las observaciones presentadas ante el SEA, al concluir el período de participación ciudadana.
La idea del municipio es que durante los próximos días se reúnan también con el intendente Metropolitano, Juan Antonio Peribonio, “porque esto está vinculado con contaminación”, detalla Guevara.
Todo esto, porque “vamos a pedirle al gobierno una mesa técnica para seguir estudiando este tema y a lo mejor pedimos en esta mesa técnica que se involucren algunos ministerios”. Aquí estarán presentes los ministerios de Salud, Medio Ambiente, Minería y Obras Públicas.
Por ahora, la relación entre Codelco y el municipio es formal. A tal punto que, según explica Guevara, “nosotros mandamos por escrito y ellos contestan por escrito” y, por ahora, no tiene previsto reunirse con la plana ejecutiva de la compañía pues considera que el proyecto debe seguir bajo los cánones contractuales que establece la autoridad ambiental.
El proyecto ha seguido su tramitación, y el pasado viernes en una sesión informativa que se llevó a cabo al interior del municipio, Codelco entregó más detalles a la comunidad.
Mano de obra
La estatal estima que recibirá la venia de la autoridad ambiental a mediados de 2014, fecha en la que proyecta sea aprobada la RCA, lo que permitirá iniciar la construcción de la obra.
Según detalló Amilcar Viviani, quien se presentó ante el municipio como jefe de Infraestructura de Codelco, el proyecto tendrá 65 años de operación, aunque a partir del año 12 comenzará a decrecer la explotación del rajo.
Respecto de la mano de obra, el ejecutivo añadió que en la cima de la etapa de construcción, entre 2017 y 2018, se emplearían cerca de 18.000 personas.
Durante el período de operación se estima que trabajarían unos 2.000 trabajadores, incluyendo tanto el personal propio como el de las empresas proveedoras. Finalmente, en la etapa de cierre ocuparía unas 1.000 personas.
Uno de los puntos de mayor controversia en la reunión con los cerca de 50 vecinos que llegaron a la presentación es el impacto que tendría el proyecto sobre los glaciares.
Aquí, Viviani respondió que “sólo una pequeña parte del glaciar de La Paloma escurre el agua hacia la cuenca del río Blanco”.
Añadió: “que los otros glaciares que se ven afectados son tres, dos de ellos debido a la excavación en el lugar”.
Andina 244, el plan de expansión en la mina Andina, es uno de los proyectos estructurales de la corporación, que tienen por fin más que aumentar la producción de la empresa, evitar la declinación productiva que se daría en caso de que no se desarrollen los proyectos.

Permisos de edificación caen 20% en promedio en los últimos tres meses

 

• Sólo durante enero los permisos de edificación se contrajeron 24,1% anual.

Fuente: La Tercera

Para todo 2013 los permisos de edificación tendrán niveles similares a los actuales.

Santiago, Chile. 4 marzo, 2013. Los permisos de edificación autorizada registraron una caída de 20% en promedio durante noviembre-diciembre-enero de 2013, en comparación al mismo período del año pasado.
En noviembre de 2012, la superficie autorizada alcanzó 1,6 millones de metros cuadrados (-10,9%), diciembre presentó niveles de 1,36 millones de metros cuadrados (-24,0%) y enero de 2013, 1,32 millones de metros cuadrados (-24,1%). Este registro no se veía desde comienzos de 2010, cuando los permisos de edificación presentaron variaciones negativas.
Para los investigadores existen varios análisis detrás de estas cifras. Felipe Jaque, economista del BBVA, afirmó que en noviembre realizaron un estudio donde advirtieron este escenario. “Lo que se puede percibir es que hay una escasez de terrero que complica un poco gestionar los permisos de edificación de oferta y que afectará al mercado inmobiliario”, explicó.
Patricio Rojas, de Rojas y Asociados, sostuvo que existen tres factores que pueden explicar esto: el menor crecimiento que experimentará el sector construcción durante 2013, el debate acerca de la presencia o no de burbuja inmobiliaria y la paralización de varios proyectos productivos en las regiones mineras, que a la vez repercuten en varios proyectos inmobiliarios que ahora están siendo revisados. Sin embargo, precisó que estos factores se harán más latentes en los próximos meses.
Sebastián Senzacqua, economista de Bice Inversiones, puntualizó que se debe a que la actividad del sector construcción mostrará una moderación en su crecimiento.
Perspectiva
Para todo 2013, los expertos coinciden en que los niveles de crecimiento de los permisos de edificación presentarán niveles similares a los actuales. “Lo que nosotros vemos es que los permisos de edificación van a seguir estando lentos en comparación a la demanda por vivienda, y no vemos un repunte, por lo que se mantendrá restringido durante todo el presente año”, apuntó.
Senzacqua aseveró que los permisos de edificación “son un indicador líder para augurar cómo estará el comportamiento de la construcción, por lo que todo indica que el sector tendrá menores tasas de crecimiento”.
Hernán Frigolett, analista de Nueva Economía, explicó que la tendencia seguirá declinando, lo que incidirá a la baja un componente importante de la inversión. “El primer semestre de este año irá mostrando declinaciones en comparación al 2012 y reflejará que la construcción en su componente edificación se está desacelerando”, puntualizó Frigolett.
En ese contexto, el economista sostuvo que “la construcción es cíclica, entonces llega un momento en que se van cerrando proyectos y aumenta fuertemente la oferta de departamentos de oficinas por entregar, y mientras no se vendan esos proyectos, no se iniciarán nuevas construcciones”. Rojas, en tanto, espera que la superficie autorizada se mantenga en niveles cercanos a los 1,3 millones de metros cuadrados.

OCDE critica alta segregación urbana de Chile y propone drásticas reformas a la política habitacional

 

• Informe plantea incentivar integración social, crear un beneficio de arriendo y focalizar el subsidio de clase media. Gobierno integrará propuestas a nueva política urbana.

Fuente: El Mercurio

La OCDE muestra que Santiago es la ciudad más desigual entre 30 evaluadas.

Santiago, Chile. 4 marzo, 2013. Los denominados “guetos” urbanos, conformados por blocks con departamentos pequeños, ubicados en barrios sin buena locomoción ni áreas verdes, se hicieron conocidos por representar las falencias de antiguas políticas habitacionales, que privilegiaron la cantidad de viviendas y el bajo precio de los terrenos periféricos por sobre la calidad y la buena ubicación de los barrios.
El surgimiento de esos bolsones de pobreza es, a juicio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), la muestra de distorsiones aún más profundas de la política urbana y habitacional chilena de los últimos 35 años.
En el primer e inédito examen realizado por la entidad desde que Chile fue invitado como miembro pleno, en 2009, la OCDE arroja una mirada crítica sobre el panorama actual de las ciudades del país. Según la entidad, uno de cada 10 chilenos vive en condiciones habitacionales pobres.
“Chile ha sido altamente exitoso en reducir su déficit habitacional, gracias a una política pública ambiciosa. Sin embargo, se ha enfocado excesivamente en la cantidad, sin considerar aspectos importantes para su efectividad a largo plazo, como la calidad, localización y coordinación con políticas de desarrollo urbano, como el transporte y el uso de suelo”, observa el informe. Y añade: “Esto ha tenido como resultado una concentración de la vivienda social en la periferia y áreas lejanas al trabajo y los servicios, sin transporte e infraestructura, y con una alta incidencia de problemas sociales como pobreza, desempleo y delincuencia”.
En concreto, se critica la ausencia de incentivos para fomentar la construcción de viviendas sociales en zonas bien localizadas y las nulas restricciones para que se concentren y se amplíen hacia la periferia.
Así, por ejemplo, la OCDE muestra que Santiago es la ciudad más desigual entre 30 evaluadas, situándola por sobre otras como Londres, París, Lisboa y Milán. En el mismo análisis hay otras siete urbes chilenas, como Temuco, Concepción y Valparaíso.
También observa que la pobreza urbana crece y sitúa a Curicó en el primer lugar de las ciudades con mayor aumento de esta, mientras que Arica es la que más disminuciones logra. “Mientras los niveles nacionales de pobreza han ido disminuyendo desde los años 80, continúan creciendo en ciertas áreas urbanas (…). Esta regresión difícilmente puede ser una buena señal”, se advierte.

La OCDE critica la ausencia de incentivos para fomentar la construcción de viviendas sociales en zonas bien localizadas y las nulas restricciones para que se concentren y se amplíen hacia la periferia.

Propiedad y arriendo
El análisis también aborda el enfoque esencial de la política habitacional chilena, concentrada exclusivamente en la propiedad. Según la OCDE, la modalidad no ha permitido flexibilizar el traslado de las familias que necesiten moverse por nuevos y mejores empleos. Para ello, propone la creación de un subsidio de arriendo, con un mercado de viviendas bien localizadas.
Además, cuestiona el amplio rango del actual subsidio de clase media DS-1, que beneficia la compra de viviendas de hasta UF 2.000. En ese caso, la OCDE es partidaria de focalizar la subvención solo a viviendas de clase media ubicadas en proyectos de integración social, es decir, en barrios compartidos con casas o departamentos para grupos vulnerables.
“Necesariamente el tema de la movilidad es relevante y se debe incorporar. Actualmente el Ministerio de Vivienda está en una fase muy avanzada de diseño de su nuevo programa habitacional de arriendo orientado a segmentos jóvenes y vulnerables. Es el primer paso hacia la implementación de nuevos programas que incorporan el arriendo como una muy buena alternativa para solucionar el problema de la movilidad habitacional y la flexibilidad laboral”, explica el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores.
En cuanto al desarrollo urbano, la OCDE levanta una serie de observaciones a los instrumentos de planificación. Señala que los planes reguladores tienen trabas burocráticas que dilatan su aprobación hasta por siete años, lo que los hace nacer obsoletos. Para ello, proponen seguir un esquema de plazos máximos en cada etapa del proceso, para así delimitarlos.
Además, la OCDE sugiere crear un sistema para que los nuevos proyectos paguen impuestos que ayuden a financiar proyectos de áreas verdes o transporte público para disminuir la congestión.
La jefa de la División de Desarrollo Urbano del Minvu (DDU), Pilar Giménez, anticipa que las conclusiones serán añadidas en la nueva política nacional de desarrollo urbano que elabora el Gobierno.
“Nos llegó en un muy buen momento y nos ha servido para cotejar la opinión de un ente externo sobre nuestro sistema y chequear si las deficiencias que vimos al analizar toda la política urbana coincidían o no con lo que ellos estaban viendo”, asevera.
Proponen eliminar exenciones tributarias
Es una de las propuestas más recurrentes del informe: acabar con las exenciones tributarias a los bienes raíces que establece el DFL-2. Este beneficio, que favorece a cerca de 1,5 millones de viviendas de menos de 140 m2, es visto como un incentivo perjudicial desde la OCDE.
Según el documento, el DFL-2 -que exime el pago de impuestos- no permite que los municipios puedan aumentar su recaudación para financiar obras de mejoramiento urbano y de servicios que las mismas viviendas requieren, sobre todo en comunas localizadas en zonas vulnerables. La OCDE propone que las exenciones tributarias sólo favorezcan a las viviendas sociales y que se establezcan compensaciones para los municipios pobres.
El jefe de la División de Política Habitacional (DPH) del Ministerio de Vivienda, Fernando Fondón, asegura que “es una línea muy interesante de explorar. Si como país mantenemos la exención de contribuciones, entonces el Gobierno central debería compensar a esos municipios”.
Zonas de riesgo
La OCDE destaca los avances de Chile en construcción para enfrentar desastres naturales, como terremotos, pero critica que la definición de las zonas de riesgo esté a cargo de cada municipio. Según la OCDE, debiese existir un mapeo nacional de estas zonas y una asistencia técnica para que los municipios la ejecuten.
Pilar Giménez disiente de la idea: “Ellos no tuvieron la sensibilidad suficiente para pensar en este país, que tiene toda una costa sujeta a maremotos, 500 volcanes activos que tienen al 50% del territorio en influencia directa, además de riesgo de deslizamientos e inundaciones. Quizás eso resultaría en países con riesgos puntuales, pero Chile está casi completamente expuesto a amenazas naturales”, afirma.
Diagnóstico
Faltan incentivos para fomentar la integración social de familias vulnerables y ubicarlas en zonas con mejores servicios.
Los subsidios obligan a vivir en la propiedad, lo que impide acceder a, por ejemplo, empleos en otras ciudades.
Al no pagar impuestos por sus viviendas, las familias de clase media quitan posibilidades de financiamiento a los municipios más vulnerables.
Propuestas
Un subsidio de arriendo permitiría flexibilizar la movilidad laboral de las familias más pobres. Se debe focalizar el subsidio a la clase media en proyectos de integración social.
Las viviendas sociales son las únicas que deben estar exentas de pagar impuestos.
Se debe crear un sistema para que las obras compensen los efectos que generan en su entorno.