Subsidio premiará a proyectos bien ubicados y que integren socialmente

 

• Beneficio entregará un bono de UF 100 adicionales a familias de clase media que opten por vivir junto a otras más vulnerables.

Fuente: El Mercurio

Programa de Integración Social y Urbana debuta el segundo semestre

Santiago, Chile. 23 abril, 2013. La idea apunta a romper con el círculo vicioso que generan algunos programas de la política habitacional de los últimos 30 años: concentrar a familias vulnerables en verdaderos “guetos” urbanos, ubicados en la periferia, y con ello obstaculizarles la posibilidad de acceder en forma igualitaria a la ciudad. Para revertirlo, se busca instalar la lógica contraria: construir viviendas sociales dentro de conjuntos de clase media, integrados en zonas cercanas a servicios de salud, transporte, educación, comercios y áreas verdes. Con ese objetivo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo implementará el nuevo Programa de Integración Social y Urbana (PISU), a partir del segundo semestre.
Este beneficio, que se estrenó el año pasado de forma piloto, busca generar conjuntos mixtos de vivienda, con familias tanto de clase media como vulnerables. Para ello fijará incentivos: doblará el subsidio a las familias que lo obtienen para comprar viviendas de entre UF 1.000 y UF 2.000 (suma UF 100 más a subsidios de entre UF 300 y UF 100), solo si incluyen dentro del mismo conjunto habitacional a grupos vulnerables y emergentes, que adquieren viviendas entre UF 600 y 1.400 UF. Entre ellos, los beneficiarios del subsidio del programa Fondo Solidario de Vivienda (viviendas de entre UF 450 y UF 650, para familias del primer quintil) y los postulantes del llamado Título Cero del subsidio de clase media (DS1), que son grupos con un ingreso máximo de UF 25 (unos $ 575.000).
Ellos podrán comprar viviendas que tendrán terminaciones y superficies similares a las de clase media.
A la vez, tendrá un componente urbano: solo se aplicará en comunas con más de 100.000 habitantes y, como requisito, se exigirá que los proyectos se ubiquen cerca de servicios de salud, transporte, equipamiento comercial, deportivo y de áreas verdes, con el propósito de consolidar barrios y densificar la ciudad.
La coordinadora del centro Prourbana de la UC, Pía Mora, valora el sentido del beneficio. Sin embargo, cree que se requiere más que una política de subsidios. “Si se miran los pilotos de este programa, solo se aplican en ciudades intermedias o pequeñas, pero el problema estructural de la segregación se hace más intenso entre más grande sea la escala de la ciudad. Un plan como este tiene efectos más preventivos, pero se requiere más, como por ejemplo que el Estado gestione la compra de terrenos bien ubicados, que son más caros. Además, debería aplicarse un plan especial en las zonas metropolitanas, con más segregación, como Santiago, Valparaíso y Concepción”, señala.
Respecto de esa propuesta, en el beneficio se estudia que el Serviu licite la venta de terrenos de propiedad fiscal para que sean preferentemente usados en la construcción de estos conjuntos.
Durante su fase piloto, lanzada durante el cuarto trimestre del año pasado, se entregaron subsidios para construir 883 viviendas ubicadas en nueve proyectos de Rancagua, Tomé, Chillán, Angol, Osorno y Talagante. En esos barrios, el 72% de los inmuebles que se construyen es de familias de clase media y el 28% está destinado a grupos vulnerables.

Codelco rechaza críticas contra expansión de Andina: serían “una serie de mitos”

 

• Insiste en que hay mitos sobre la iniciativa y que esta afectará a seis glaciares de roca.

Fuente: La Tercera

Las obras del proyecto están a 7 km. del santuario Yerba Loca y separadas por cumbres que superan los 5.000 metros de altura.

Santiago, Chile. 23 abril, 2013. Como una serie de mitos. Así califica Codelco a las diversas críticas frente al proyecto Andina 244.
La iniciativa -contempla una inversión de US$ 6.800 millones y entró en evaluación ambiental a inicios de enero- recibió la semana pasada alrededor de 1.150 observaciones que aún no han sido consolidadas por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Entre los principales opositores se encuentra la alcaldía de Lo Barnechea, que acusa que el proyecto afectará a 26 glaciares que abastecen de agua a la Región Metropolitana.
Sin embargo, para la estatal ha habido un alto nivel de desinformación hacia la opinión pública respecto de los efectos y la realidad de la iniciativa. La cuprera afirma que la expansión no se realizará en un “lugar virgen”, ya que la mina ya opera en el territorio, y hay trabajos de otras mineras, como Anglo American. También asegura que el impacto solo lo recibirán seis glaciares de roca, que por su conformación no hacen un aporte de agua similar al que realizan los glaciares blancos. Otro de los puntos en que enfatiza es el tamaño de la expansión, ya que no se contemplan dimensiones similares a las de Chuquicamata.
“Estamos afectando parcialmente a cinco glaciares de roca por las excavaciones. Otro va a ser cubierto con uno de los depósitos que tenemos de estériles. Por lo tanto, lo que se intervendrá son 37 hectáreas de glaciares de roca, de un total de 45.000 hectáreas”, dijo el jefe de sustentabilidad del proyecto Expansión Andina, Juan Carlos Jofré.
Por su lado, el gerente de Medioambiente y Comunidades de Codelco, Jorge Sanhueza, afirmó que el glaciar La Paloma (blanco), podría verse afectado por la polución generada por camiones y tronaduras. Sin embargo, afirmó que con las medidas de mitigación que se aplicarán, junto a las técnicas de tronaduras más tecnificadas y avanzadas, es posible mantener controlada la polución.
Jofré comentó además que se espera que la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) esté lista durante 2014, por lo que la idea es iniciar la construcción del proyecto dentro del mismo año. Con ello, entraría en operación en 2020. Cuando se obtenga la RCA, la estatal iniciaría estudios en los glaciares, con el fin de registrar cómo evolucionan antes, durante y después.
La expansión de Andina aportará US$ 10.000 millones al país en sus primeros 15 años de operación.
Frente al proceso de consulta ciudadana que terminó la semana pasada, Sanhueza no descartó que la estatal incluya nuevas mitigaciones dentro del proyecto: “Tenemos la confianza de que hemos hecho un buen proyecto. Eso no cierra las puertas de que las observaciones lleven a tomar medidas de mitigación extras. Esperamos que sea un proceso normal y que no haya una detención de la evaluación o que esto pase a otros niveles de detención o de bloqueo”, afirmó.