Fuente: El Mercurio
En específico, lo que pide la empresa es que se deje sin efecto el cierre de la Costanera Sur, entre otros puntos.
Detrás de esto hay, sin embargo, una polémica historia, que esta semana incluso llegó a tribunales luego de que la empresa encargada de la construcción de la Costanera Sur, Parque Titanium S.A., interpusiera un recurso de protección ante el Ministerio de Obras Públicas, representado por la ministra Loreto Silva, precisamente por la no utilización de la obra vial.
En el recurso, al cual tuvo acceso “El Mercurio”, se explica cómo, en 2008, Parque Titanium -propietaria del proyecto inmobiliario que conforman la torre del mismo nombre y otras obras en el sector donde estaba Santa Rosa de Las Condes- se comprometió con el ministerio a desarrollar una serie de obras de mitigación vial, siendo la prioridad la mencionada avenida. El plan para la construcción de esta ya había sido trabajado por la Dirección de Vialidad y fue entregado a la empresa encargada.
Estas obras se iniciaron en 2011 y se entregaron en abril de este año, siendo recibidas sin problemas por la Dirección General de Obras Públicas y aprobadas por los municipios de Vitacura y Las Condes. Entretanto, en 2012, se había firmado un protocolo entre ambas partes que estipulaba que de haber conformidad con el trabajo entregado, el MOP debía ser el encargado de poner en marcha la nueva autopista.
Sin embargo, según se relata en el recurso de protección, esto no ocurrió.
“Sorpresivamente, con fecha 14 de junio de 2013, el Ministerio de Obras Públicas procedió a cerrar la vía denominada Costanera Sur, mediante la colocación en la misma de elementos de contención vial de hormigón”, dice el documento.
La explicación, según se relata, fue la “iniciación de trabajos de cambios de servicio correspondientes a la etapa 2 del programa Santiago Centro Oriente, a realizarse por un tercero, Sociedad Costanera Norte S.A., la que mediante este acto arbitrario e ilegal podrá disminuir los costos de construcción en sus obras (…)”.
“Los referidos actos de la administración central, que significan la imposibilidad de poner en uso las obras de mitigación de Costanera Sur, los que constituirían actos arbitrarios e ilegales, sin fundamento legal ni razonamiento alguno, vulneran un conjunto de garantías constitucionales”, continúa el recurso.
Según el texto, Titanium acusa al MOP de violar la garantía de igualdad ante la ley, la garantía de no discriminación arbitraria del Estado y de propiedad.
“La arbitraria medida del MOP está generando un perjuicio económico cuantioso a Parque Titanium S.A., quien no puede dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con terceros (…) Titanium ha debido, además, soportar una carga económica adicional que no estaba incorporada (…)”.
Asimismo, la empresa acusa al ministerio de estar apropiándose de terrenos que no le pertenecen, pues aún no serían un bien público. “Los caminos construidos a expensas de personas particulares en tierras que les pertenecen no son bienes nacionales, aunque los dueños permitan su uso y goce a todos. Más aún, si hipotéticamente se considerara dicho camino como bien nacional, no es el MOP el organismo legalmente investido de la facultad de disponer del mismo para un fin distinto, sino que el Presidente de la República, a través del Ministerio de Bienes Nacionales”, dice el texto.
Titanium explica que la decisión de Obras Públicas también está afectando un camino de uso público, refiriéndose al tramo Puente Lo Saldes-Isabel Montt.
“No puede el ministerio tratar de eliminar o disimular frente a la opinión pública sus errores de planificación, mediante la aplicación de gravámenes que afectan la garantía de propiedad de nuestra representada”.
En específico, lo que pide la empresa es que se deje sin efecto el cierre de la Costanera Sur, entre otros puntos.
Los trabajos de Titanium, según la empresa, tuvieron un costo de cerca de US$ 25 millones. Una vez abierta, la Costanera Sur sería gratis de transitar y aliviaría la congestión de las avenidas Bicentenario, Manquehue Norte y Juan XXIII.
