- Primero fue la caída de Castilla y, tras el complejo eléctrico, casi la totalidad de las iniciativas de gran minería en la región. Hoy ya no se habla de postergaciones, sino de inversiones cuya rentabilidad futura no justifica su desarrollo y que, por ende, ya no están en la lista.
Fuente: Pulso
Los recientes anuncios de Codelco y de Panaust de desechar los proyectos San Antonio e Inca de Oro, respectivamente, elevan a sobre US$ 17.000 millones la inversión proyectada en la región que no se materializará.
Hoy, entre proyectos energéticos y mineros que han sido puestos en el congelador (ya no sólo paralizados, sino que por ahora, derechamente no van) la “no” inversión alcanza los US$ 17.000 millones, cifra que preocupa a los privados y a las autoridades locales.
A esto se suma lo ocurrido en Freirina con Agrosuper, que está en proceso de cierre luego que la empresa considerada que las exigencias puestas por la autoridad ambiental para autorizar su operación hacían inviable económicamente que siguiera operando.
Más allá de ese hecho puntual, la mayor carencia de la región es energética. Atacama a pesar de estar conectada al Sistema Interconectado Central (SIC, que abastece desde Taltal hasta Chiloé), lo está mediante líneas antiguas, que tienen una capacidad limitada y, sobre todo, muy reducida. En otras palabras, cualquier gran nuevo requerimiento eléctrico, como lo sería una gran minera, obliga a construir una central en la misma región, con líneas de transmisión dedicadas, mediante un esquema similar al del SING, donde proliferan redes punto a punto.
Así, la región está obligada a autoabastecerse si necesita de energía adicional para el desarrollo de sus proyectos.
Precisamente esto, el autoabastecimiento de energía, es lo que pretendía hacer la brasileña MPX Energia con el complejo a carbón Castilla, en el llamado SIC Norte. Este mismo objetivo tenían también otras empresas que se quedaron en el camino, como Codelco, con la central termoeléctrica Farellones, la CAP, con Cruz Grande y el grupo Suez, con Barrancones.
Si bien estas tres unidades estaban emplazadas más al sur, en la Región de Coquimbo, tenían como objetivo abastecer los proyectos mineros de ambas zonas.
Sólo sobrevive, aunque también está dando una lucha en tribunales, la central a carbón Punta Alcalde (740 MW) de Endesa.
El desarrollo de la minería en la III Región pasa exclusivamente por la materialización de nueva generación termoeléctrica, puesto que no existe potencial hidroeléctrico en la zona, aunque sí lo hay en solar y eólico, pero estas tecnologías entregarían un aporte menor e insuficiente, porque aún no logran convertirse en energía de base.
Puestas así las fichas, las alternativas para evitar el crecimiento del parque térmico son dos: o se prescinde del desarrollo minero, o se amplía la capacidad de transmisión, mediante un fortalecimiento de las líneas que la unen con el resto del SIC, o bien, que se interconecte este sistema con el SING.
Esta última opción, la interconexión, permitiría a Atacama obtener electricidad producida con carbón o GNL en Mejillones, a un costo reducido. En tanto, la nueva línea Polpaico- Cardones (que conectaría Santiago con Copiapó) acaba de ser licitada a privados, y actualmente se está en la etapa de obtención de permisos.
La conexión SING-SIC depende del próximo dictamen del Panel de Expertos, instancia que dirimirá sobre la legalidad de la decisión de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que incorporó al plan de expansión troncal la interconexión, lo que es cuestionado por privados.
Minería sin agua
Cabe destacar que la energía para la minería es imprescindible para sus procesos.
Sin embargo, también tiene importancia para el abastecimiento de agua, porque dada la escasez hídrica en la zona, los proyectos incorporan la desalinización de agua, que es muy intensiva en el uso de electricidad.
¿Qué ocurrirá en la región? El gerente de la Corporación para el Desarrollo de Atacama (Corproa), Leonardo Troncoso, plantea que todo se debe a la incapacidad de trabajar en una agenda común y, peor aún, de sentarse a conversar.
“No ha habido voluntad de escuchar y capacidad para llegar a consensos. Esto significa para los privados una limitante que afecta a todos, ya que logra a su vez una determinación que no rescata el ejemplo que efectúan países más desarrollados, en donde al producirse un cierto nivel de desacuerdo, se toman medidas técnico legales considerando el bien público superior”, señala el ejecutivo.
De acuerdo con cifras 2012, el PIB per cápita corregido por paridad de compra (PPC, por su sigla en inglés) de la Región de Atacama llega a los US$ 21.601, monto que supera el promedio nacional, pero que es muy inferior al de Antofagasta, que alcanza los US$ 37.551, o el de Tarapacá, otra región minera, que supera los US$ 22.000.
“Es de esperar que desde un trabajo coordinado público-privado se pueda llegar a buenos acuerdos que, basados en respeto e inteligencia, puedan volver a surgir, de lo contrario habrá mucha gente que verá frustrada la ilusión de proyectar a la Región de Atacama con un potencial como el que merece”, señala Corproa en la editorial publicada en su sitio web.
Respecto a la situación de Agrosuper, el vicepresidente de Corproa, Daniel Llorente, considera que es importante generar un gran acuerdo con la comunidad, permitiendo la operación, y la empresa corrigiendo sus errores. “El conflicto de Agrosuper es un problema de todos los habitantes del Huasco, no solo de Freirina; de las autoridades y de los trabajadores. Si la empresa está hoy en condiciones de garantizar técnicamente que no volverán a ocurrir los problemas que ya conocemos, ¿por qué no se les da la tranquilidad para trabajar de manera segura?”, comenta.