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viernes, 1 de febrero de 2013

Justicia sobreseyó a ejecutivos de Socovesa involucrados en caso Las Encinas de Peñalolén



  • La empresa dejó constancia de que en forma paralela el asunto fue objeto de una transacción extrajudicial que significó cerca de $ 330 millones.
Fuente: Estrategia
iviendas del proyecto Hacienda Urbana Larapinta.
Vivienda del proyecto Hacienda Urbana Larapinta.
Santiago, Chile. 31 enero, 2013. Socovesa anunció hoy que los cuatro ejecutivos y un ex ejecutivo formalizados de su filial inmobiliaria Las Encinas de Peñalolén fueron sobreseídos en forma definitiva por el Tribunal de Garantía.
Mediante un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguors (SVS), la empresa deja constancia que en forma paralela, y en sede civil, el asunto fue objeto de una transacción extrajudicial que implicó un desembolso total para la filial Inmobiliaria Las Encinas de Peñalolén ascendente a UF. 14.499,83. (cerca de $ 330 millones), que serán reflejados en los estados financieros de la filial a marzo de 2013 como gastos de post venta.
En detalle, Cristián Hartwig Bisquertt, ex gerente general de la filial y actual presidente del directorio de la firma; Christian Dabovich Gras, ex gerente de Administración y Finanzas de la filial y actual contralor general de la empresa; René Castro Delgado, ex gerente inmobiliario de la filial y actual gerente general del área de ingeniería y construcción; Ignacio Santa María Mujica, ex gerente técnico de la filial, quien ya no trabaja en la empresa; y Roberto Reyes Lagos, gerente de proyectos de la filial; han quedado liberados de todos los cargos que pesaban en su contra en forma definitiva.
En cuanto a la acción de clase seguida por los mismos hechos, la firma detalla que ésta se encuentra en etapa de prueba, estimándose que el fallo de primera instancia debiese ser dictado durante el segundo semestre del año en curso.
Cabe señalar que a finales de 2011, estas personas habían sido formalizados ante el Juzgado de Garantía de Colina producto de las supuestas irregularidades en las que habrían incurrido al modificar unilateralmente las condiciones constructivas de un grupo de 414 viviendas del proyecto Hacienda Urbana Larapinta.