- Inmuebles se derrumbaron en cerro O’Higgins de Constitución. Profesionales arriesgan tres años de cárcel por caída de blocks donde ocho personas murieron aplastadas.
Los jueces María Isabel González, Iván Villarroel y
Jeannette Valdés argumentaron en su fallo que el dueño de la empresa de
ingeniería Arcosen, Ricardo Aránguiz, suscribió cada uno de los planos de
cálculo estructural del proyecto con un coeficiente sísmico (0,15) inferior al
que correspondía para la zona de Constitución y el suelo en que se construyeron
los departamentos. “En efecto, la falta de cuidado en la elaboración de planos
estructurales, incumpliendo la norma sísmica (…) cuya finalidad última es
salvaguardar la vida humana, fue asumida directamente por el acusado (Aránguiz)
al validar con su firma tales proyectos, conforme al normal ejercicio de su
profesión, es decir, validar dicho diseño y cálculos, lo que implica confirmar
que están bien hechos”, dice el veredicto.
Al ex ingeniero del Serviu Óscar Castro, en tanto, se le
atribuyen incumplimientos de sus funciones como integrante de la comisión
técnica encargada de revisar las ofertas de licitación. “Es dable concluir que
tenía la obligación de verificar el cumplimiento normativo del proyecto, dentro
de la esfera de su competencia profesional; esto es, en el ámbito de cálculo
estructural, efectuando los reparos del caso, lo que no hizo (…) permitiendo
con ello que se seleccionara un proyecto que incumplía la normativa sísmica,
con las perniciosas consecuencias posteriores”, argumentaron los magistrados.
Aránguiz y Castro arriesgan tres años y un día de presidio, lo que se conocerá
el 17 de mayo, cuando el tribunal anuncie la condena.
Para la fiscal Paula Rojas, “lo más trascendente es que se
descartaron las versiones de las defensas, en orden a que la causa del colapso
eran ampliaciones realizadas por las víctimas, que habían debilitado el
edificio, y al socavamiento de una ladera. El tribunal determinó que era un
incumplimiento de una norma de coeficiente sísmico”.
En paralelo, fueron absueltos seis constructores civiles,
entre ellos, el ex director de obras de Constitución Mario Pérez, la ex jefa
del Serviu Doris Illanes, y los propietarios de la empresa Consanit, que
levantó los edificios, Hernán y Manuel Lazcano. “Estoy conforme, se reconoció
que hubo falla humana”, afirmó Ángela Bravo, hermana de una de las víctimas.
El abogado querellante Raúl Meza adelantó que pedirá la
nulidad del juicio, por considerar que los profesionales absueltos “sí son
responsables”.