El Ministerio de Vivienda también desarrolla con Interior un plan de fusión de protección de barrios.
Fuente: El Mercurio
Santiago, Chile. 12 junio, 2012. El Ministerio de Vivienda inició la revisión de los decretos supremos asociados a la entrega de subsidios que permiten lograr la añorada casa propia.
Si bien este análisis fue instruido por el ministro Rodrigo Pérez para mejorar y actualizar este beneficio del Estado, uno de los principales ejes de cambio apunta a incluir aspectos de seguridad ciudadana.
¿La razón? La mayoría de los barrios vulnerables son blanco fácil de la delincuencia por delitos como asaltos, riñas y narcotráfico.
Por ello, tras varios meses de estudio, la División de Política Habitacional estrenó hace unos días el nuevo subsidio para barrios vulnerables: se trata del Decreto 49 de Protección Familiar, que este año entregará 40.000 documentos con una inversión de US$ 1.200 millones.
En ese sentido, este subsidio viene con cuatro incorporaciones en materias de seguridad ciudadana. El primer ítem apunta a eliminar los puntos ciegos de los blocks sociales. Actualmente, la mayoría cuenta con estas estructuras que generan oscuridad y poca visión para que los vecinos vigilen entre ellos mismos.
“En este nuevo programa viene prohibido que se generen estos puntos ciegos. Tiene que haber ventanas para la comunicación entre vecinos”, señala el jefe de la DPH, Francisco Irarrázabal.
Este problema se ha comenzado a generar en varios conjuntos sociales. Es el caso de la villa Alberto Larraguibel, de La Florida, donde varios vecinos han optado por enrejar completamente sus departamentos, haciendo que la interacción con el resto de los residentes sea casi nula.
“Acá, mucha gente ni siquiera se conoce. Eso es porque pocos salen, producto de la delincuencia. Las casas parecen cárceles con tantas rejas y protecciones”, explica el vecino Rodrigo Moya.
Aquella interacción sería de gran ayuda, sobre todo para evitar casos como el crimen del empresario y criador de caballos chilenos Agustín Alvarado Gumera, en Curacaví. El viernes 1 de junio, y en menos de diez minutos, unos delincuentes lo asesinaron en el jardín de su casa, ubicada en la Ruta 68. Su vivienda, que cuenta con varias medidas de seguridad, fue vulnerada por los antisociales y ninguno de sus vecinos vio o escuchó algo.
“Esa es la pregunta que tenemos todos, pues se trata de una casa a la vista y bien iluminada. Si hubiera habido más coordinación entre nosotros, la historia hubiera sido distinta”, afirmó uno de los residentes del sector.
Otro de los cambios promovidos por Vivienda tiene relación con conformar un comité de vecinos que administre los espacios públicos. Quedó estipulado que los conjuntos nuevos deberán recibir una capacitación de nueve meses para armar este equipo.
El tercer punto tiene que ver con el perímetro de los condominios. Desde ahora, ninguno será cerrado, para que los espacios públicos, como plazas, sean utilizados por los residentes y así expulsen a las pandillas que se apoderan de estos lugares.
Por último, se fijó en los contratos que las 1,7 hectáreas de áreas verdes exigidas se instalen en la zona central del barrio, para mostrar un lugar ordenado y seguro.
“La seguridad también está vinculada al diseño de los espacios públicos. Un barrio más iluminado y con obras de calidad permite que los vecinos se reapropien de lugares que estuvieron deteriorados”, comenta el ministro Pérez.
Delitos en barrios
En la cartera también están trabajando en otros proyectos de esta índole, en coordinación con el Ministerio del Interior. Se trata de los programas “Barrio en Paz” y “Protección de Barrios”.
El primero de ellos, de Interior, realiza el diagnóstico delictual del sector, cuyos indicadores se traspasan de forma inmediata a “Protección de Barrios”, de Vivienda, para determinar qué tipo de obras se deben realizar, según el delito.
Otro de los proyectos que coordinan ambas carteras es la creación de normas que certifiquen la seguridad de viviendas del Estado y privadas.
Esta iniciativa, liderada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, consta de siete normas, que en una primera etapa no serán obligatorias. Estarán disponibles en diciembre de 2012 para intentar disminuir los delitos y bajar la sensación de inseguridad.
Además, el Gobierno prevé realizar el próximo año pilotos en viviendas públicas y privadas. Desde ya, la subsecretaría diseñó un manual de autocuidado para evitar que los delincuentes fijen las residencias como plan de delito.
“La idea de este proyecto de Certificación de Seguridad Residencial es promover su aplicación en el desarrollo inmobiliario de vivienda social y privada, y así disminuir la oportunidad de delitos”, señala el subsecretario Cristóbal Lira.
La experiencia en Inglaterra
La semana pasada estuvo por Chile el inglés Calvin Beckford, especialista en seguridad residencial. El director de The Crime Prevention visitó el país para entregar su receta sobre estas materias.
“Es primordial que las viviendas mejoren sus sistemas de ventanas y puertas”, aseguró.
Beckford dijo que una vez que las residencias asumen esta cualidad, los delincuentes las retiran como foco de ataque por las dificultades que tienen para vulnerarlas.
“Son medidas simples que las constructoras deben ir asumiendo como un servicio para las personas. En Inglaterra trabajamos con este sistema desde hace más de 15 años y la delincuencia en hogares bajó en 70%”, concluyó.