- Son conflictos que se mantienen bajo siete llaves. ¿El origen? Firmas como Mall Plaza y Ripley mandatan la construcción de un nuevo mall. Cierran un contrato con una firma especializada. Hasta ahí, todo bien. Los problemas, explican fuentes de ambas industria, han llegado por los cambios en las especificaciones de la obra y alzas de costos ¿Y quién se hace cargo?
Fuente: Pulso
De perder estos juicios, muchas constructoras podrían caer en situación de quiebra, pues la mayoría de las que aborda este tipo de proyecto obtiene utilidades que no superan el 7%.
Los problemas, explican fuentes de ambas industria, han llegado por los cambios en las especificaciones de la obra y el alza en el valor de los insumos y, principalmente, de la mano de obra. ¿Y quién se hace cargo?
Entre las constructoras achacan responsabilidad a las empresas que mandatan la obra, que muchas veces superan los US$ 100 millones en inversión.
No obstante, los operadores de centros comerciales dicen que ellos firman contratos y que no se mueven de ese marco legal.
“Cuando hay discrepancias se recurre al inspector técnico de obras como mediador. Si él no resuelve, hay hartos otros agentes de la construcción que ofician de mediadores para resolver y evitar este tipo de conflictos. Cuando se llega al arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) es porque se ha pasado por todas las instancias antes sin llegar a acuerdo”, explica Ricardo de la Masa, socio del estudio de la Maza y Cía., expertos en inmobiliaria y construcción.
Actualmente hay varios juicios por esta materia, tanto en la CCS como privados. Uno de los abogados que lidera la mayor cantidad de este tipo de litigios es Juan Eduardo Figueroa Valdés, del estudio Figueroa, Illanes, Huidobro, Salamaca.
La constructora Sigro se ha enfrentado con Mall Plaza por varios de sus centros comerciales en construcción. El consorcio Socovesa-Cypco con Ripley por el mall de Concepción, y Delta con Parque Arauco.
Son disputas que se mantienen bajo siete llaves. Las constructoras prefieren no levantar mucho la voz, porque el adjudicarse un contrato para levantar un centro comercial le inyecta liquidez para realizar otros proyectos de oficinas y/o habitacionales. Y pelearse con un grande les puede significar perder para siempre participar en el negocio de construir malls.
Por eso, muchas constructoras evitan recurrir a la justicia. Hasta cuando se corta el elástico, dice una fuente del sector. “Muchas constructoras han quebrado por este tema”, afirma.
La fórmula
En la industria explican que muchas veces las constructoras trabajan con presupuestos estimativos. Un incentivo perverso, dicen, pues mientras más suben los costos, más se los suben al mandante.
Cuando no hay mucha caridad respecto de cómo va a evolucionar la obra, se hace un contrato por administración. Una situación riesgosa, añaden conocedores de este tipo de contratos, pues casi siempre se hace con un presupuesto que termina siendo mucho más alto.
El otro contrato se llama de suma alzada: se enumeran una serie de partidas proforma (aire acondicionado, piso de cerámica, climatización, entre otros) que el mandante optar por hacer él mismo y se le paga a la constructora un contrato por administración.
Los conflictos más comunes que llegan a arbitraje son, en su mayoría de los casos, por los sobrecostos extraordinarios por alzas en la mano de obra y demora en las entregas. Si una constructora se demora tres meses más, es una planilla más por tres meses.
La defensa
Los operadores de centros comerciales prefieren no hablar. Dicen que ellos firman contratos y que hay instancias para discutir desavenencias. “Nadie obliga a nadie a firmar un contrato. Si no gusta no se firma y listo. Las constructoras pueden decir que no si les parece que hay un abuso”, dice un ejecutivo ligado a una de las grandes empresas que desarrollan centros comerciales en el país.
No obstante, desde una constructora la mirada es completamente distinta. “Los contratos son leonidos. Hay muchos abusos, pero las constructoras no pueden hacer mucho porque necesitan cerrar el contrato para hacer una obra como un centro comercial”, dice la misma fuente que pide reserva de su nombre.
Todos coinciden en que los conflictos se origina por falta de claridad, que no resguardaron las alzas en los costos de mano de obra y la consecuente demora en las entregas, producto de la falta de trabajadores calificados.
La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) está monitoreando la situación. Pulso intentó conococer su versión, pero no emitió comentarios. “Evidentemente no quiere que su gente empiece a quebrar por este tipo de conflictos”, dice un cercano al gremio.
El tema no es menor. Tres de cada 20 conflictos entre mandantes y grandes constructoras llegan a juicio arbitral.