SIAE trabajó en base a un universo que incluye a todos los conflictos socioambientales registrados en Chile desde el 2000 hasta la actualidad. La fecha de cierre para la recolección de datos fue el 9 de julio de 2012. El procesamiento de ellos finalizó el 31 de agosto.
Santiago, Chile. 16 noviembre, 2012. El 31 de octubre se paralizó, una vez más, el megaproyecto minero Pascua-Lama. En esta oportunidad la determinación no vino de las autoridades medioambientales. Fue el Sernageomin el que resolvió que las actuales faenas de Barrick en la Región de Atacama ponían “en riesgo la vida, salud e integridad física de los trabajadores”: había exceso de material fino en suspensión. La minera canadiense había logrado sortear a lo largo de los últimos años una serie de trabas para operar sin contratiempos. Hasta ahora. El actual escenario puso nuevamente a la empresa en jaque.
No son los únicos. En el último tiempo y a lo largo de todo el país decenas de proyectos de distintos rubros han sufrido oposición. Algunos más que otros. Con mayor o menor violencia. Con más o menos efectividad. Varios con visibilidad. Muchos sin y con más o menos recursos.
Con todo, la multiplicación de los oponentes ha generado un escenario de incertidumbre en el empresariado al momento de tomar la decisión de invertir en iniciativas de envergadura. Sobre todo porque estamos frente a una sociedad cada vez más empoderada y participativa. Una comunidad que ya no sólo se moviliza ante los problemas que la aquejan directamente, sino que también para defender el medioambiente como ideología; por los cambios de calidad de vida de la población; la escasez de ciertos recursos -un 56% de los conflictos tienen como origen el agua- y la falta de transparencia e irregularidades en los procedimientos de evaluación ambiental y el manejo de las propias empresas.
No sólo la gente está más receptiva a esta problemática. También las autoridades. De ahí que analizar las causas y los efectos de los conflictos socioambientales en Chile sea hoy un imperativo, sobre todo cuando existen grandes sumas de dinero involucradas.
De hecho, según cifras del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA), de los 10 proyectos con mayor inversión comprometida, siete se encuentran hoy con algún tipo de traba, ya sea por algún dictamen judicial o alguna decisión gubernamental. Estos son: Cerro Casale, Castilla, HidroAysén, El Morro, Energía Minera, Pascua-Lama y Punta Alcalde. El monto de inversión de estos proyectos “en incertidumbre” asciende aproximadamente a US$ 20.000 millones.
Para entregar luces respecto de esta problemática, Qué Pasa tomó como base el estudio realizado por la consultora SIAE -firma dedicada al análisis estratégico de conflictos-, la cual elaboró una completa radiografía con los 100 proyectos que han enfrentado mayor oposición socioambiental en el país en los últimos doce años. Aquí, lo que prima es la intensidad del conflicto: nivel de articulación de la oposición, cantidad de actores, involucramiento de ONGs, años de conflicto, cobertura comunicacional y si las iniciativas han sufrido judicialización tanto nacional como internacional, entre otras variables.
A partir de esto, se elaboró un ranking histórico que logra dibujar un acabado panorama de cómo el país vive hoy este delicado panorama.
Así se organizan
Según el catastro de SIAE -elaborado por el cientista político de la UC Diego Sazo y otros tres profesionales a su cargo-, la oposición a estos proyectos se articula de maneras diversas en cada una de las industrias. Hay distintos actores. El activismo ciudadano es uno de los que participan en mayor cantidad de casos (62%). Se trata de individuos que se organizan y movilizan por la causa, a pesar de no ser de la comunidad directamente afectada. El ejemplo de Barrancones grafica esta tendencia: miles de personas se movilizaron a lo largo de Chile. Aunque con bastante menor intensidad, las ONG también son protagonistas en estas causas. Si bien, cuando actúan su acción es poderosa, sólo eligen algunos casos para intervenir: los que concitan mayor tamaño de inversión y cuando el supuesto impacto al ecosistema es importante. Probablemente esto sucede ya que sus recursos son escasos y estas controversias medioambientales tan significativas les permiten atraer dinero.
La oposición local se presenta en el 95% de los casos ya que reciben los impactos de la inversión directamente. Dentro de este grupo se encuentran también las autoridades políticas. De esta manera, legitimizan su reputación en las bases.
Además de las oposiciones ideológicas, indígenas y gremiales, destaca la oposición mediática. Ésta agrupa a líderes de opinión pública que contribuyen al posicionamiento de la resistencia. Muchos de ellos operan a través de las redes sociales, otra herramienta que ha ido ganando terreno. Sin embargo, no siempre las controversias donde hay una amplia capacidad organizativa y comunicacional se traducen en la paralización de proyectos. Casos emblemáticos en esta línea son Alto Maipo, Codelco Ventanas, Mina Invierno y Los Robles. En este último, por ejemplo, hubo gran cobertura mediática: la comunidad construyó el ataúd más grande del mundo en protesta contra la termoeléctrica de Gener. No tuvo efecto.
Así como difieren los actores que se oponen a los megaproyectos, también existen diversas estrategias para intentar detenerlos. La herramienta judicial asoma como la más relevante. De los 100 casos, 67 se encuentran con indicios de judicialización, y siete de ellos ya tienen sentencia definitiva.
Este instrumento se ha hecho cada vez más común en los últimos 12 años. Es más: desde 2008 la cifra se ha duplicado. Según el SEA, el promedio de juicios ambientales hasta ese año se reducía a nueve anuales. Entre 2009 y 2011 el número aumentó a 17 recursos presentados cada 12 meses.
En este campo, uno de los caminos que más se han incrementado es el uso del Convenio 169 de la OIT, el cual establece que las comunidades indígenas que se sientan afectadas por algún proyecto pueden hacer valer sus derechos ante la justicia. En Chile, aunque estuvo en tramitación durante 18 años, entró en vigencia en 2009. Desde entonces, se han registrado 17 recursos de este tipo, lo que es una cifra significativa, considerando que comenzó a regir hace sólo tres años. Esto indica que los empresarios deberán lidiar contra este instrumento cada vez con mayor frecuencia. Hasta la fecha, tres de ellos -Paguanta, El Morro y Parque Eólico Ancud- han sido paralizados utilizando este convenio, pese a que tuvieron escasa cobertura mediática.
No obstante la proliferación de esta estrategia en el territorio nacional, las causas no han traspasado en gran medida las fronteras. Sólo dos de los casos mencionados en el ranking han terminado en una instancia internacional: Pascua Lama y Endesa Alto Biobío, ambas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hace menos de un mes, de hecho, la comunidad pehuenche que se opuso a este último proyecto envió un documento a esta comisión donde expone eventuales incumplimientos del Estado en materias de compensaciones.
Además, de la estrategia judicial los oponentes han buscado otras maneras de enfrentarse a planes de inversión: los medios de comunicación, que principalmente se enfocan en casos de alto impacto público, como situaciones de estallidos sociales. Por ejemplo, Barrancones y Agrosuper Freirina, por nombrar algunos de los ocurridos en el último tiempo. La violencia es otros de los recursos que se utilizan, pero ésta sólo se restringe a situaciones puntuales que perjudican directamente a las comunidades en el corto plazo.
Industrias cuestionadas
La mayoría de los conflictos, según el estudio de SIAE, se presentan en el norte del país. No es casualidad. En esa zona se concentran los proyectos mineros, rubro que representa el mayor porcentaje de conflictividad: 29% de los casos. Las reclamaciones más comunes en esta industria se dan por la contaminación del agua y el agotamiento de las cuencas. Pero hay otros factores: polvo en suspensión, tronaduras, población flotante y presencia de relaves tóxicos cerca de asentamientos humanos. En estos casos es común observar una oposición que despliega acciones asistémicas y altos grados de movilización. Un 69% de los conflictos, además, han sido judicializados.
En términos de industria, las inversiones hidroeléctricas ocupan el segundo lugar de conflictividad (22%). En estos casos la mayor preocupación se produce por la inundación de tierras cultivables y sagradas (en el caso mapuche), efectos negativos en la biodiversidad, disminución en el cauce de los ríos y desplazamientos de las personas. En este rubro se recurre ampliamente a la herramienta judicial.
Muy de cerca, con el 21% de los casos, le siguen las termoeléctricas. Éstas se encuentran a lo largo de casi todo Chile. La conflictividad es alta, pues hay una amplia conciencia social de los perjuicios que esta industria puede traer a la comunidad. De ahí, que la resistencia sea más articulada, e incluso más violenta.
En el catastro de SIAE también se mencionan otras industrias resistidas por la población. Entre ellas, la forestal, la salmonicultura, agroindustria, construcción y energías renovables no convencionales. A pesar de todo, 58 de los proyectos mencionados por el ranking -con mayor o menor rechazo- están en operación. Y otros 11 se encuentran a la espera de la aprobación desde la autoridad ambiental.
Ficha metodológica
SIAE trabajó en base a un universo que incluye a todos los conflictos socioambientales registrados en Chile desde el 2000 hasta la actualidad. La fecha de cierre para la recolección de datos fue el 9 de julio de 2012. El procesamiento de ellos finalizó el 31 de agosto. Los datos que se presentan en el estudio corresponden a información pública disponible en instituciones del Estado, investigaciones académicas y medios de comunicación tradicionales y digitales. Para establecer el ranking se utilizaron diversas variables. Entre ellas, las concernientes a los grupos opositores (nivel de articulación, cantidad de actores, involucramiento de ONGs), la cobertura comunicacional y la judicialización, entre otras.
Inversión en jaque
1. Pascua-Lama (Minería/ Con trabas)
Es el único proyecto minero binacional hoy vigente en el país. Ubicado en la cordillera de los Andes, sobre el límite internacional chileno-argentino, al suroriente de Vallenar. Se trata de una explotación a rajo abierto, propiedad de Barrick Gold, que busca extraer minerales como oro, plata y cobre. Si bien, se aprobó en 2001, sólo en 2009 se inició la construcción de obras preparatorias. Antes, debió enfrentar la poderosa resistencia de la comunidad. La piedra de tope para la ejecución de la iniciativa tiene que ver con el impacto de la mina en el nacimiento de los cursos del agua del valle del Huasco y los glaciares que alimentan los ríos donde vive la población, además de la contaminación de éstos. El conflicto ha logrado posicionarse a nivel nacional e internacional a través de un movimiento ciudadano conocido como “No a Pascua-Lama”. Además, ha tenido una alta participación de ONGs, como GreenPeace y Chile Sustentable. Aunque Pascua-Lama se mantuvo sin trabas hasta hace pocos días, hoy se encuentra paralizado.
2. Hidroaysén (Hidroeléctrica/ Con trabas)
Se trata de la iniciativa hidroeléctrica más grande del país. Tanto por su envergadura como por su impacto. La oposición al megaproyecto deriva principalmente de las consencuencias de intervenir la Patagonia y la instalación de una línea de transmisión de más de dos mil kilómetros. Desde un primer momento, el proyecto generó una fuerte oposición por parte de la ciudadanía, ONGs nacionales e internacionales y grupos filantrópicos. De hecho, la resistencia se institucionalizó bajo el consejo de Defensa de la Patagonia con la campaña Patagonia sin Represas. Si bien las represas ya fueron aprobadas, aún falta que se de el vamos a la línea de transmisión. Colbún, que junto con Endesa Chile querían concretar el proyecto, ha suspendido indefinidamente la presentación del informe de Impacto Ambiental relativo a esta parte del nuevo plan.
3. Endesa Alto Bío Bío (Hidroeléctrica/ Sin trabas)
Este conflicto involucra a la central hidroeléctrica Pangue y Central Ralco, ambas de Endesa. Están ubicadas en la VIII Región y la discordia se remonta a 1990, cuando el gobierno de Patricio Aylwin autorizó la construcción de Pangue, etapa inicial de un megaproyecto que incluía otras seis centrales en el sector. Aunque ésta generó gran resistencia, finalmente la justicia le dio luz verde. Sin embargo, cuatro años después el conflicto se agudizó con el anuncio de una segunda central: Ralco. No sólo por el impacto medioambiental, también por la erradicación de familias pehuenches debido a la inundación de la zona. El conflicto se extendió por años y recién en 2003 las hermanas Quintremán -líderes de la oposición- llegaron a acuerdo con la empresa. Hoy, sin embargo, el proyecto vuelve a la palestra: la comunidad presentó un informe a la Comisión Interamericana de DD.HH. de la OEA donde exponen eventuales incumplimientos del Estado en materia de compensaciones.
4. Celco Valdivia (Forestal/ Con trabas)
Ubicada en la región de Los Ríos, fue inaugurada en 2004. Desde entonces la planta de celulosa -controlada por el grupo Angelini- ha enfrentado conflictos permanentes con la comunidad debido a polémicas medioambientales. La primera de ellas tiene que ver con el conflicto en el río Cruces debido a la muerte e imigración masiva de cisnes de cuello negro y contaminación de sus humedales. El problema generó la movilización de la población, la cual finalmente logró que la Conama solicitara un estudio que comprobara la culpabilidad de la firma en el tema. Con esto se llevó el caso al Consejo de Defensa del Estado. En 2005 se suspendió temporalmente la planta. Hoy la problemática se centra en la idea de la empresa de instalar un ducto de residuos industriales en la costa valdiviana, específicamente en Mehuín. Sus pescadores rechazan de plano esta iniciativa. Este nuevo proyecto se encuentra siendo evaluado, después de bastanta controversia, en el comité de ministros.
5. Minera Los Pelambres (Minería/ Sin trabas)
Ubicado en la IV Región, este proyecto minero perteneciente a Antofagasta Minerals -controlada por el grupo Luksic- enfrenta disputas con la comunidad desde que desembarcó en la zona a fines de los 90. Tres han sido los temas en conflicto: la negativa a la instalación de un terminal marítimo; la resistencia a la construcción de nuevos tranques de relave y la expansión de la empresa y las acciones para impedir la construcción del tranque de relaves El Mauro. Con todo, lo que ha primado es el conflicto permanente que involucra a las comunidades del Choapa y su negartiva al impacto que produce una minera en un valle agrícola habitado por más de 40 comunidades. Por ello, se ha visto incluso acciones de fuerza directa y judicialización del conflicto.
