- “Esos conjuntos se construyeron con un desprecio total del concepto de barrio y ciudad”, acusó el titular de la cartera, Rodrigo Pérez Mackenna.
Fuente: Emol
El máximo tribunal determinó que el monto de reparación se divide en $ 1.130.000 por concepto de daño emergente, y $ 1.800.000, por daño moral.
En diálogo con Emol, el secretario de Estado valoró el dictamen del máximo tribunal, aunque sostuvo que “lo que corresponde en este caso es hacer algo que no hicieron las autoridades en su oportunidad: pedir perdón a estas 592 familias, porque se jugó con el sueño de la casa propia”.
A juicio del titular del Minvu, los efectos provocados en los inmuebles durante las intensas lluvias del invierno de 1997 fueron el resultado de “una política habitacional muy mal ejecutada e implementada (por los gobiernos anteriores)”.
“Esta indemnización es muy importante. Son tres millones de pesos que hay que pagar a 592 familias que son las que presentaron esta demanda y, con esos recursos, creo que se compensa el daño moral y el daño emergente que se les produjo”, añadió Pérez Mackenna.
En ese sentido, el secretario de Estado lamentó las “penurias” padecidas por los propietarios de estas viviendas, también conocidas como “casas nylon”.
Plan integral
De acuerdo a un estudio encargado por las autoridades, actualmente a nivel país existen 55.000 departamentos en condición de deterioro.
Considerada esa cifra, el Presidente Sebastián Piñera anunció hace unos días el el nuevo programa denominado “Recuperación de blocks: segunda oportunidad”.
“Es una iniciativa piloto, que se va a empezar a trabajar con un número importante de familias de tres regiones: la Metropolitana (Puente Alto y Quilicura); en Rancagua (villa Vicuña Mackenna); y en Valparaíso (dos villas donde se empezará a trabajar ahora)”, explicó el ministro.
Según Pérez Mackenna, dependiendo del deterioro “recibiremos su propiedad y entregaremos una nueva, mientras que en otros casos se harán remodelaciones importantes”.
“Es un plan integral que recupera el concepto de barrio y ciudad, porque esos conjuntos se construyeron con un desprecio total del concepto de barrio y ciudad”, aseveró.
El fallo
El fallo determinó que el monto de la indemnización se divide en $ 1.130.000 por concepto de daño emergente, y $ 1.800.000, por daño moral.
Respecto al primero, el monto corresponde a la cifra “signada por el perito para las viviendas sin ampliación (fojas 982), en atención a que no resulta posible determinar cuáles de ellas tienen ampliación y cuáles no, por lo que resulta razonable aplicar la misma suma a todos los inmuebles, dada la imposibilidad de materializar la distinción”.
En cuanto al moral, “además de lo dicho por los testigos, resultó en su momento un hecho público y notorio todo el sufrimiento que experimentaron los habitantes de esta población en Puente Alto, quienes vieron dañadas sus casas por la lluvia en pleno mes de invierno. Por ello, se concuerda con la regulación de daño moral que ha hecho la sentencia apelada, es decir $ 1.800.000 para cada uno de los actores”.