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miércoles, 7 de agosto de 2013

Gobierno decide apelar al fallo contra Punta Alcalde. Endesa también se haría parte

 

  • Esta tarde vence el plazo para recurrir ante la Corte Suprema, para que revise el fallo del tribunal de alzada que declaró ilegal la actuación del Comité de Ministros que viabilizó la generadora.
Fuente: Pulso
Es prácticamente un hecho que Endesa, titular del proyecto termoeléctrico Punta Alcalde, se hará partícipe del proceso ante la Corte Suprema
Es prácticamente un hecho que Endesa, titular del proyecto termoeléctrico Punta Alcalde, se hará partícipe del proceso ante la Corte Suprema.
Santiago, Chile. 7 agosto, 2013. El gobierno decidió insistir en la vía judicial para defender la actuación del Comité de Ministros en la polémica aprobación de Punta Alcalde, en la que la instancia gubernamental condicionó el visto bueno a la generadora (740 MW) al financiamiento de instalaciones para reducir emisiones en otra fuente fija de la misma zona, en este caso, una planta de CAP Minería en Huasco.
El escrito de apelación será presentado hoy, último plazo para hacerlo. De acuerdo con lo señalado por el ministro de Minería e integrante del Comité de Ministros, Hernán de Solminihac, el gobierno cuenta con todos los antecedentes y análisis necesarios para defender su actuación en la aprobación de Punta Alcalde. “Hemos decidido apelar al fallo y dar todos los argumentos para que se analice esta información para esta importante central, muy necesaria para el país”, dijo el titular de Minería.
En diciembre del año pasado, el Comité de Ministros -instancia integrada por el ministro del Medio Ambiente, que lo preside, y los Ministros de Salud; de Economía, Fomento y Turismo; de Agricultura; de Energía y de Minería- revirtió con condiciones la decisión del Comité de Evaluación Ambiental (CEA) de Atacama, que había rechazado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la central a carbón a emplazar en la costa de la comuna de Huasco.
La decisión del comité fue objeto de un recurso de protección por parte de particulares, los que fueron acogidos por la Corte de Apelaciones de Santiago que decidió anularla y obligar la realización de una nueva sesión.
El gobierno tomó finalmente esta decisión una vez que los asesores legales aseguraron al Ejecutivo que existe una alta posibilidad de revertir el fallo de la Corte de Apelaciones, basado en que, de acuerdo con su análisis, la decisión del Comité de Ministros se ajustó a derecho.
Aún así, hay un precedente negativo: el año pasado, el gobierno decidió apelar a un fallo de la Corte de Apelaciones que había ordenado la paralización de las obras de la Central Termoeléctrica Castilla (emplazada en la misma Región de Atacama) buscando reactivar el proyecto. El problema es que, por el contrario, el máximo tribunal terminó declarando la ilegalidad de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de Castilla, lo que obligó a realizar nuevamente todo el proceso de evaluación ambiental en caso de que el titular, en este caso, la brasileña MPX Energia, decida reactivar el proyecto.
Pero se trata de un riesgo que el gobierno está dispuesto a correr, considerando además que en esta instancia el titular puede llegar a algún tipo de acuerdo con los demandantes, como sucediera precisamente con Castilla, aunque en ese caso ello no se alcanzó a materializar.
Se hace parte
Pero no sólo el Comité de Ministros se hará parte en la causa. Si bien todavía no se oficializa, es prácticamente un hecho que Endesa, titular del proyecto termoeléctrico Punta Alcalde, se hará partícipe del proceso ante la Corte Suprema, tal como lo hiciera ante la Corte de Apelaciones.
Para el ministro (s) de Medio Ambiente, Ricardo Irarrázabal, la presencia de Endesa es del todo esperable, “dada su condición de titular del proyecto”.
Pero para el gobierno ésta no será una apelación cualquiera. En la secretaría de Estado anunciaron que se jugarán “el todo por el todo” en la Corte Suprema, principalmente por que el objetivo del gobierno es defender las atribuciones legales del Comité de Ministros.
“Acá se cuestiona atribuciones legales, y esto no sólo podría afectar a Punta Alcalde, sino que a otros proyectos aprobados a nivel regional y donde el Comité de Ministros impuso condiciones”, sostiene Irarrázabal.
Para el gobierno este es un tema delicado. Un fallo negativo por parte de la Suprema reduciría el campo de acción de la institucionalidad ambiental y, de paso, podría poner un manto de dudas sobre proyectos que aún esperan ser conocidos por el comité ministerial.