- Seis proyectos están en lista pendiente del consejo integrado por seis secretarios de Estado. Entre ellos se encuentra HidroAysén y Minera Casale, que en su conjunto suman más de US$ 10.000 millones.
Fuente: El Mercurio
El Comité de Ministros fue creado en 2010 en reemplazo del Consejo Directivo de la Conama integrado por 14 directivos.
Pero el proyecto de Endesa y Colbún (por US$ 5.000 millones) no es el único que está a la espera de una resolución por parte de la entidad que conforman los titulares de Medio Ambiente, Salud, Economía, Agricultura, Energía, y Minería.
De acuerdo con la información entregada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), son 6 los proyectos que están en la lista de pendientes del comité y que, en total, suman US$ 11.017 millones.
Además de HidroAysén, están las iniciativas mineras referidas a optimización proyecto Cerro Casale (US$ 5.200 millones), planta de producción de sales de potasio SLM NX Uno de Peine (US$ 43 millones) y el yacimiento cuprífero Quetena (US$ 244 millones). A los anteriores se suma la línea de transmisión entre las subestaciones Ancoa y Alto Jahuel (US$ 130 millones) y la Ruta 66 de Camino de la Fruta (US$ 400,5 millones).
Las iniciativas
En el caso de Cerro Casale -proyecto de Barrick Gold (75%) y Kinross Gold (25%)- este obtuvo su aprobación ambiental en enero de 2013, y en marzo del mismo año recibió la primera de diez reclamaciones que aún no han sido revisadas por el comité.
Pese al retraso, desde Barrick ya anunciaron que no comenzarán con el proyecto mientras no se termine de construir Pascua Lama. Este último entraría en producción hacia 2017.
Asimismo, la planta de potasio fue rechazada por el SEA en octubre de 2012. Tras el revés, la compañía ligada al empresario Francisco Javier Errázuriz presentó una reclamación al comité para revertir la decisión.
En enero de 2013, Codelco obtuvo la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para desarrollar el proyecto Quetena, que producirá 62.000 toneladas de cobre en la división Chuquicamata. Sin embargo, la iniciativa se frenó luego que el Comité de Ministros admitiera a trámite once reclamaciones en contra del yacimiento.
Por el lado eléctrico aparece la línea de transmisión Ancoa-Alto Jahuel 2×500 Kv: primer circuito, que está impulsando la española Elecnor. Esta recibió su aprobación ambiental en enero de 2012, pero aún el consejo debe resolver una reclamación interpuesta por una persona natural. Previamente, las empresas Coca-Cola de Chile y Vital Aguas había presentado observaciones, pero a inicios de agosto ambas firmas desistieron de sus acciones.
Finalmente está el proceso administrativo que lleva adelante el proyecto Ruta 66 del Camino de la Fruta, que une Pelequén con San Antonio. La iniciativa que está impulsando el Ministerio de Obras Públicas recibió dos reclamaciones en mayo de este año, tras obtener su RCA en marzo pasado.
Según fuentes gubernamentales, todos estos proyectos esperan ser vistos durante este año, sin embargo, la prioridad la tiene HidroAysén. La ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, explicó hace algunos días que los equipos técnicos ya analizaron el 80% de las reclamaciones del proyecto, pero señaló que aún no hay fecha para que el Comité de Ministros tome una definición sobre la hidroeléctrica en la Patagonia.
Los proyectos aprobados por el Comité
Durante el año pasado fueron varias las iniciativas que zanjó el Comité de Ministros que encabeza la titular de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez. En julio, la instancia rechazó un recurso de reclamación en contra de la expansión del proyecto minero Sierra Gorda (US$ 1.900 millones), ratificando así su aprobación ambiental.
A este se sumó la central hidroeléctrica de 135 MW, Achibueno, (US$ 285 millones) que también recibió luz verde para su construcción.
En septiembre de ese mismo año, los seis ministros de la entidad gubernamental volvieron a reunirse para aprobar dos centrales eléctricas ubicadas en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING).
La primera fue la carbonera Pacífico, que contempla una inversión por US$ 750 millones y una capacidad instalada de 350 MW. Mientras que la segunda fue Patache (110 MW) con inversiones por US$ 150 millones.
Finalmente, a inicios de diciembre de 2012 el Comité aprobó la construcción de la central carbonera Punta Alcalde (740 MW) -proyecto controlado por Endesa-, revirtiendo la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que había rechazado su desarrollo.