Medida permitirá a propietarios pedir la reparación de fallas técnicas por nueve meses. Barrios serán organizados legalmente para acceder a más beneficios estatales.
Fuente: El Mercurio
Santiago, Chile. 9 julio, 2012. Un nuevo servicio de posventa, que cubrirá con una garantía de nueve meses a los departamentos y casas sociales construidos con el subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS-49), será implementado durante las próximas semanas por el Ministerio de Vivienda.
El beneficio, que imita a los servicios que hoy operan en el mundo inmobiliario privado, permitirá a los nuevos propietarios de casas y departamentos entregados con el subsidio habitacional pedir la reparación de fallas estructurales y técnicas que tengan las construcciones.
Entre las más comunes, de acuerdo con el Ministerio de Vivienda, están las filtraciones de cañerías, problemas en los cierres de puertas y ventanas o materiales que no quedan bien sellados.
“El novedoso sistema de atención de postentrega de las viviendas durante nueve meses está enfocado en cuidar el patrimonio de las familias y en mejorar su integración social. Es un beneficio al servicio de las familias más vulnerables, y que requieren un acompañamiento especial”, señala el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez.
Guetos
La modalidad opera mediante empresas de asistencia técnica, que serán contratadas por el Ministerio de Vivienda para entregar orientación y soporte técnico, legal y social a las familias.
Según explica el jefe de la división técnica de Vivienda, Ragnar Branth, estas entidades ya funcionaban en la anterior política habitacional, pero realizaban planes de capacitación a las familias antes de que se les entregaran las viviendas. “Hoy deben cumplir el servicio de posventa y sólo con ese requisito se les paga, según el contrato”.
Por cada asesoría prestada, las empresas recaudarán un 20% más del monto del subsidio, que asciende hasta UF 580, con un aporte de UF 10 por familia.
Además de las reparaciones, el sistema obliga a los conjuntos a conformar una copropiedad. Con esa figura legal, las familias podrán optar fácilmente a beneficios estatales, como el mejoramiento de espacios comunitarios de sus barrios.
Según indica el jefe de la división de política habitacional de la cartera, Francisco Irarrázaval, “ésta puede ser una herramienta poderosa para evitar la formación de guetos, porque se fomenta la organización. En eso también es fundamental la reducción de las copropiedades y en eso estamos trabajando. Vamos a reducirlas de las 160 viviendas actuales a 40 como máximo para que sean un tipo de organización que ayude y no entorpezca el desarrollo comunitario”, anticipa.