- Inundaciones, inconvenientes con el mobiliario o plagas de termitas están entre los problemas que vive la gente. Clientes están recurriendo a la justicia para exigir respuestas de constructoras.
Fuente: El Mercurio
Pese a que la ley exige a las empresas cumplir con lo prometido, las quejas por incumplimientos van al alza.
Santiago, Chile. 21 octubre, 2013. La adquisición de una vivienda suele ser la culminación de un proceso generalmente engorroso, que termina con cierto grado de satisfacción para los compradores. Esto, pues “la casa propia” es antiguo anhelo de los chilenos. Sin embargo, son miles quienes tras la compra de una casa o un departamento pasan de la alegría a la decepción. Y a diferencia de otros productos, no hay una boleta que permita un cambio o reposición.
Es lo que actualmente viven 120 familias del condominio Alcázares del Bosque, un conjunto de departamentos entregados en 2010 que hoy experimenta una invasión de termitas.
Según los vecinos, las viviendas y el terreno estaban contaminados desde su construcción, y pese a los reclamos, la inmobiliaria no se ha hecho cargo de la plaga. Así lo explica Jorge León, presidente del condominio.
“Existen tres estudios realizados por empresas especializadas que demuestran el tipo de termita y su presencia en el terreno desde antes de 2008. Hoy todas las viviendas están afectadas, y no nos han dado respuesta alguna. La tabiquería, los clósets y los muebles de los departamentos se están cayendo”, explica.
El dirigente agrega: “Presentamos dos demandas a la Corte de Apelaciones. Contra el municipio, por no fiscalizar, y contra la Inmobiliaria Sociedad Viviendas 2000, por graves infracciones a la Ley de Urbanismo”.
Según estimaciones de los vecinos, se requieren a lo menos unos $ 32 millones para desinfectar la tierra y eliminar el termitero, sin contar la desvalorización de los departamentos y el daño a los bienes. Por eso la demanda presentada por los residentes contra la empresa responsable se eleva a los $ 1.200 millones.
Durante 2012, el Sernac recibió 3.900 reclamos en contra de constructoras o empresas inmobiliarias. Este año, dichas quejas suman cerca de 3.000 casos en el organismo.
De estos, el 46% es por un retardo en la entrega de lo comprado, un 30% ha tenido relación con la mala calidad de la vivienda y posventa, y un 11% de los reclamos se materializaron por mal servicio.
“Los consumidores tienen derecho a adquirir viviendas de calidad, por eso existe una regulación especial (Ley de Calidad de la Vivienda) que establece el derecho a la garantía con plazos determinados según los daños que se presenten en el inmueble nuevo”, explica el subdirector nacional del Sernac, Lucas Del Villar, quien, además, detalla que las empresas deben responder cuando se producen defectos en las terminaciones durante los primeros 3 años, en las instalaciones durante los primeros 5 años, o atender los requerimientos de los compradores si es que hay fallas estructurales en los primeros 10 años.
Deben saber
La Ley del Consumidor les entrega a los usuarios el derecho de recibir información veraz y oportuna. Esto significa que la publicidad sobre la vivienda no debe omitir ningún aspecto, y todo lo anunciado se entiende como incorporado al contrato.
“Por ejemplo, la empresa inmobiliaria promete en su publicidad áreas verdes, salas de eventos, piscina, seguridad u otras características asociadas a la vivienda, como el tamaño. O incluso si determinada vista es parte de la oferta, debe cumplirlo, o de lo contrario comete una infracción. Lo mismo si se anuncian viviendas desde determinado precio, pero cuando el consumidor pregunta, se da cuenta de que dicha oferta nunca existió”, agrega Del Villar.
Cuando un consumidor adquiere una vivienda “en verde” tiene derecho a que se cumpla lo prometido. Las inmobiliarias que no cumplan se arriesgan a multas de hasta UTM 750.
Le pasó a Fabiola Miranda, quien al recibir su departamento en Independencia comprobó que varias de las características prometidas no eran reales.
“Una habitación no tenía la medida estipulada, así que no pudimos meter ni la cama. Varios interruptores y enchufes estaban malos”, explica. La inmobiliaria se hizo cargo de los artefactos malos, pero no entregó una respuesta satisfactoria por el tema del espacio. “Si hubiera sabido que eso iba a pasar, no me hubiese embarcado en esto”, se lamenta.
También están complicados un grupo de vecinos de Santiago Centro que viven una cuenta regresiva. En noviembre se cumplen cinco años desde que se construyó su torre de departamentos en calle Lord Cochrane, y se termina la garantía. El problema es que varias viviendas en este tiempo han sufrido el colapso de sus cañerías.
“El 30% de los departamentos han tenido este problema, con todos los inconvenientes que eso puede conllevar: muros húmedos, pisos rotos, alfombras manchadas. La inmobiliaria ha hecho los arreglos, pero siempre buscan un pero. En noviembre se vence la garantía, y a partir de ahí tendrán los propietarios que asumir los gastos”, dice Karina Burgos, presidenta del comité de propietarios del edificio.
Ella solicitó los planos del inmueble a la constructora para comprobar los detalles de la edificación, pero no ha tenido una respuesta.
Normativa
La ley sobre Calidad de la Vivienda especifica que las demandas colectivas por daños y perjuicios en las construcciones no pueden ser presentadas por menos de 6 personas.
El Sernac inició un trabajo con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y con la CChC sobre la existencia de cláusulas que podrían ser abusivas en contratos de algunas de sus empresas asociadas.
