- Proyecto que modifica la Ley de Urbanismo tiene suma urgencia y ya llegó al Senado. Contempla que afectaciones de utilidad pública vuelvan a ser las mismas que regían en 2004. Cámara de la Construcción advierte que puede haber problemas con edificaciones.
Fuente: La Segunda
En la calle El tamarugo, Vitacura otorgó un nuevo uso al terreno cuando caducó la declaratoria de utilidad pública y se levantó una construcción. La futura ley dejaría ese edificio fuera de norma.
Dando este ejemplo, el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, defendió el proyecto de ley -ya aprobado en la Cámara y actualmente en el Senado, donde tiene suma urgencia- que busca que las declaratorias de terrenos como de “utilidad pública” sean indefinidas, no como ocurre actualmente que sólo duran cinco o diez años.
No es todo, porque el mismo proyecto contiene un artículo transitorio que devuelve a la condición en que estaban en febrero de 2004 (cuando se cambió la ley) todas las propiedades que eran de utilidad pública en esa fecha.
De acuerdo a lo que se ha explicitado, la modificación de 2004 buscaba favorecer a los propietarios de los terrenos en conflicto y como complemento se estableció un procedimiento para prorrogar las afectaciones, pero “era tan engorroso, que sólo 8 comunas en todo el país lograron hacerlo”, dijo el ministro.
Así, argumentó Pérez cuando se discutió el proyecto en la Cámara, el Plan Regulador de Santiago no logró prorrogar las afectaciones a parques y todos las áreas verdes intercomunales caducaron en febrero de 2011″.
No es todo. Por un dictamen de Contraloría, “todos los ensanches y aperturas viales vigentes en el país van a caducar en febrero de 2015. Esto puede tener un costo gigantesco para las ciudades del país (…) Sólo en la RM, la caducidad afecta a 352 tramos de vías expresas y troncales, sin contar la caducidad de ensanches y aperturas de vías colectoras (…) Una estimación del ministerio indica que esto podría significar para el Estado en materia de expropiaciones alrededor de US$ 5.600 millones”.
Y habría otros US$ 10.000 millones al tener que pagar por vías colectoras de servicios y locales.
Críticas al proyecto
El ministro recalcó que la reforma de 2004 “tenía un error de diagnóstico importante. Una propiedad no pierde su valor cuando está afecta a utilidad pública. En el terreno remanente se puede desarrollar una mayor constructibilidad y el valor se mantiene”.
Sin embargo, el proyecto ha sido cuestionado por los efectos que tendrá sobre las propiedades que dejaron de ser de utilidad pública gracias a la ley de 2004.
El abogado de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Gonzalo Bustos, planteó en la Cámara que “el texto que ahora se discute vuelve a hacer efectivas todas las medidas de ese tipo vigentes a febrero de 2004, desconociendo el gran número de transacciones y proyectos que se ejecutaron en dicho periodo, en terrenos cuyas afectaciones han caducado”.
En el mismo sentido, el coordinador territorial de la CChC, Tomás Riedel , indicó que si esta medida entra en vigencia “traerá consigo graves problemas, como por ejemplo en la Región Metropolitana con la prolongación de la calle El Tamarugo. Vitacura otorgó un nuevo uso a ese terreno cuando caducó la declaratoria de utilidad pública. Con el proyecto, tal como está redactado se van a generar problemas en esta situaciones”.
El presidente de la comisión de Urbanismo de la CChC, Fernando Herrera, agregó que “no se hizo un estudio acabado sobre las afectaciones que son realmente necesarias. Además, el proyecto no plantea de manera adecuada la notificación a los propietarios que serán afectados. Tengo el temor de que muchos no alcancen ni siquiera a enterarse de la afectación”.
Las críticas también incluyen a los parlamentarios. La diputada Denise Pascal (PS) indicó que “hay propiedades que estuvieron en esta condición por años y nunca pasó nada. El proyecto no tiene una mirada integral, no protege el valor de las propiedades, sobre todo en aquellas zonas más antiguas, los sectores más populares, donde esas afectaciones estuvieron vigentes por años”.
Sin embargo, a juicio del ministro de Vivienda, “éste es un proyecto muy importante para el desarrollo de nuestras ciudades. En primer lugar, se busca el objetivo de que los planes reguladores recuperen la posibilidad de establecer, siguiendo la definición histórica, los trazados de los espacios públicos. En segundo lugar, no se va a restringir el uso y goce de las propiedades (siempre que sean pequeñas), como ocurre hasta hoy”.
Cuatro mecanismos para compensar
El ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, también destacó que la nueva normativa contempla cuatro mecanismos para compensar a los propietarios en el caso de que éste demuestre un prejuicio al valor de su propiedad mayor al que se haya estimado en un principio.
“Una vía es eliminar la afectación de utilidad pública, otra puede ser disminuir la porción del terreno afectado, también puede darse el caso que el propietario pueda aumentar la indemnización que reciba si demuestra una pérdida mayor en el valor. Por último, el cuarto, es que puede determinarse que resulta más conveniente expropiar toda la propiedad e indemnizarlo por el total”, indicó.