El desafío de regular y profesionalizar la administración de condominios

 

Por Juan Armando Vicuña*

Juan Armando Vicuña es director comercial de RVC Corp.

Santiago, Chile. 16 octubre, 2013. Un gran desafío pendiente del sector inmobiliario es la profesionalización y regulación de los administradores de edificios o condominios. Actualmente sufrimos un vacío legal ya que la Ley 19.537, de Copropiedad Inmobiliaria, carece principalmente de 3 puntos básicos, para que este sector mejore su funcionamiento, los cuales detallo a continuación:
1.- No se exige ningún requisito de formación para los administradores y permite que cualquier persona natural o jurídica sea administrador, por el solo hecho de ser designado en asamblea por los copropietarios. Esto genera un problema en dos grandes áreas. La primera es respecto al conocimiento del administrador sobre el funcionamiento de un edificio y en especial, de los equipos que se utilizan para el correcto funcionamiento de la comunidad, como las mantenciones de los ascensores, control al personal del edificio, entre otros. Como segundo problema vemos que los administradores no están obligados a efectuar una contabilidad de la comunidad formal, ni rendición de gastos. Esto explica las frecuentes situaciones de deudas, incumplimientos de contratos y pérdidas de dinero que aquejan a la actividad. Estos dos puntos generan un problema social importante, y deriva en la caída de plusvalía de las propiedades.
2.- Junto a lo anterior, no hay ninguna sanción asociada al mal manejo de una comunidad, por parte de un administrador. Por ello, es necesario crear un organismo fiscalizador de estas, la que pueda dictar reglamentos claros respecto al manejo de comunidades y pueda sancionar a los administradores que cumplan mal su función. Como también, que cualquier persona pueda recurrir a ellos para defender sus intereses si considera que han sido vulnerados.
3.- Por último, es importante que el administrador tenga más y mejores herramientas, con las cuales pueda manejar de mejor forma los incumplimiento de los propietarios, aunque estén estipulados en el reglamento de copropiedad; por ejemplo, realizar una cobranza más efectiva de los gastos comunes en caso de morosidades, o aplicar multas a propietarios que no cumplen con el reglamento de convivencia, respecto a la tenencia de mascotas dentro del edificio, el uso de estacionamientos de visita, la regulación de fiestas, entre otros.
La finalidad de legislar sobre esta materia, va apuntado no a subir los gastos comunes, si no a resguardar los derechos de los propietarios, proveer un servicio garantizado y proteger la inversión de los copropietarios.
*Juan Armando Vicuña es director comercial de RVC Corp.