- Se trata, según la ministra Catalina Parot, del “fraude más grande en materia territorial”. Ingresos no percibidos por el fisco, sólo en la Región de Antofagasta, alcanzan a cerca de $ 32.000 millones en la última década.
Fuente: La Segunda
La extracción de material para construcción también produce un daño ambiental en el desierto.
Santiago, Chile. 9 octubre, 2012. “El más grande fraude que hay en materia territorial en Chile”. Así califica la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, el millonario robo al fisco que se produce desde hace años en el desierto chileno a través de la extracción no autorizada de áridos. Se trata de un elemento clave para elaborar el asfalto y hormigón que demandan la gran cantidad de empresas constructoras y mineras que operan en la zona.
Sólo enla Regiónde Antofagasta se han detectado 167 puntos de trabajo. De ellos, 65 están activos, pero únicamente 15 tienen un arriendo vigente. Es decir, hay una persona o empresa que paga los derechos pertinentes al fisco. El resto son todas excavaciones irregulares.
Los montos involucrados en este negocio son millonarios… para los particulares.
Por cada metro cúbico de árido extraído, el Estado cobra $ 539, mientras que los privados piden $ 4.000.
Es decir, indican los expertos del ministerio, en la última década los privados han percibido a lo menos $ 257.000 millones con el negocio, sólo en la región de Antofagasta. Aunque a esa cifra se le debe restar los costos de operación, la ganancia sigue siendo inmensa.
Mientras, el fisco ha dejado de percibir en el mismo periodo cerca de $ 32.000 millones de pesos por concepto de arriendo de terrenos y la extracción de material, que las firmas nunca han pagado.
“La Segunda” recorrió las zonas más afectadas por las extracciones ilegales en Antofagasta, junto a fiscalizadores de Bienes Nacionales que están trabajando en un plan para regularizar el uso de inmuebles y terrenos fiscales. En el recorrido fue posible ver, incluso, plantas no autorizadas que cuentan con instalaciones de concreto, baños y oficinas. En una incluso había una sala de recreación para sus trabajadores.
En contrapartida, los fiscalizadores -ocho para toda la región, provenientes de Santiago porque en la zona sólo hay dos- no cuentan siquiera con camionetas doble tracción.
En el viaje visitamos los 167 puntos catastrados, los que seguramente son menos que los pozos de extracción que proliferan en el desierto y donde las empresas instalan sus maquinarias para sacar gravilla, ripio o arena. De hecho, al interior de Bienes Nacionales se estima que el desmedro al fisco puede ser tres veces mayor al estimado.
Las empresas ilegales no tienen problema en "anunciarse" a los posibles compradores.
Descoordinaciones con órganos estatales
A esto se suma una descoordinación entre Bienes Nacionales, Medio Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas y el Servicio de Impuestos Internos.
Las empresas no sólo roban el material, sino que a veces el poder comprador es el propio Estado, que usa el árido sacado en forma ilegal para arreglar caminos, levantar hospitales o casas.
En la ruta que va desde San Pedro de Atacama hasta el paso internacional de Sico, los fiscalizadores revisaron los papeles de Sicomaq, que ganó una licitación del MOP para realizar un desvío en la ruta. No tenían certificados de extracción legal de áridos.
Un operario sólo explicó que “la empresa hizo un trato con la comunidad indígena de Toconao -pueblo aledaño a la planta- y si ustedes dicen que es ilegal, me desayuno con esa noticia. De inmediato haremos la solicitud para arriendo con el Ministerio de Bienes Nacionales”. Tras esto solicitó la dirección de la oficina de la cartera en Calama para hacer el trámite.
El impacto ambiental
El arquitecto y jefe del equipo de fiscalizadores del Ministerio, Ignacio Panatt, afirma que es una respuesta muy recurrente para “sacarse la fiscalización de encima. Independiente de quien administre el terreno, están sacando áridos de una zona que le pertenece al Estado. Es lo mismo como si sacaran algo de un terreno privado, acá el dueño es el fisco”.
Camino hacia la costa y en el sector de Limón Verde de Calama, la empresa IMS Patagonia extrae material para un proyecto que tiene con Codelco. El supervisor de la planta, quien no quiso identificarse, mostró el documento que acredita que hizo la solicitud de arriendo, lo que no se traduce en un permiso para explotar la zona. Pese a esto, la planta cuenta con varios containers y maquinaria que trabaja en el lugar. Incluso, con los fiscalizadores en el terreno, en 20 minutos salieron cuatro camiones llenos de material.
De hecho, hay empresas que además de extraer los áridos tienen en la misma zona maquinaria para hacer hormigón o asfalto, lo cual requeriría un estudio de impacto ambiental, que tampoco se cumple.
Y el arquitecto Panatt recalca que al daño monetario se suma el ambiental. “El desierto es un lugar natural, que no es cosa de llegar e intervenir. Cada acción genera cambios, levantan tierra y el terreno en sí se modifica. En algunos casos se destruye la escasa flora que hay en el lugar”.
Descargos de las empresas
Los descargos de las empresas van contra el trámite que se debe hacer para regularizar la situación. Una de las dueñas de la compañía Mario Torres, Yanina Barrera, asegura que junto a su esposo estuvieron 4 años solicitando el permiso. A la carpeta con el proyecto indicando la superficie y el volumen de extracción, debieron sumar, entre otras cosas, el detalle de la inversión, las boletas de garantía y un plan de manejo para dejar el terreno tal como se encontró antes de cavar pozos.
Y agrega: “Tampoco es sólo culpa de la burocracia, lo reconozco. Nos dijeron que teníamos una deuda por $ 17 millones y fracción que estaba pendiente con el Consejo de Defensa del Estado. No había alternativa y pagamos, porque obviamente habíamos ocupado el terreno y lucrado de la tierra, pero aún así al momento de querer hacer las cosas bien el trámite es lento”.
Recalca Yanina Barrera: “Ahora queremos cumplir las reglas porque queremos trabajar con empresas grandes”.
Si bien esta sociedad actualmente arrienda el terreno, estuvo muchos años sin permiso, al igual que otras 50 que están trabajando. Las multas que se han cursado a algunas empresas -en mayo de 2010- van desde UF 10 ($ 226.046) a UF 3.630 ($ 82.054.698).
Nada, comparado con las cifras que ganan las empresas con el negocio de sacar gratis lo que les pertenece a todos los chilenos.
Ministra Parot: “También denunciaremos a las empresas compradoras”
A fin de cortar de raíz el robo de áridos, la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, anunció un plan interministerial para coordinar esfuerzos y bloquear la venta de las empresas que extraen material de forma ilegal.
Según Parot, habrá denuncias en tribunales y ante el Consejo de Defensa del Estado contra las firmas que compran los áridos robados si no hay una colaboración inmediata para “evitar esta transacción y que sigan blanqueando este mercado negro. Acá no solamente el que saca comete la ilegalidad; también debiera haber una sanción para el comprador y nosotros vamos a empezar a denunciarlo”.
Esto también incluye un trabajo interno y la disposición del Servicio de Impuestos Internos y Medio Ambiente para que colaboren con esta tarea. “El material se vende a empresas legalmente constituidas sin pagarle un peso al fisco, ni por arriendo y evitando impuestos, muchas veces sin cumplir con los derechos laborales y procesos ambientales”, explicó la ministra.
Otro factor importante es la tarea que deberá cumplir el Ministerio de Obras Públicas (MOP), ya que en el norte es el principal mandante de obras de construcción y carreteras. Por ello, adelantó Parot, “vamos a hacer un programa con el MOP para evitar que las empresas que tienen un contrato con esta cartera, o le venden áridos, sigan en la ilegalidad. Antes de iniciar una obra deberán primero acreditar que tienen un contrato con el Ministerio de Bienes Nacionales, si el material es sacado de terrenos fiscales”.
En cuanto a los descargos de las empresas que acusan procesos lentos para conseguir el arriendo, la ministra reconoce que hay fallas y que están en proceso de mejoras. “Sé que el procedimiento es engorroso, nosotros tenemos poco presupuesto, poco personal y estamos haciendo un esfuerzo para que el Gobierno Regional nos ayude a alivianar los trámites de la Seremi de Antofagasta”.
Sin embargo, recalca, “las empresas que extraen sin permiso se sienten protegidas sólo por ingresar la solicitud de arrendamiento y eso tampoco es correcto. Es como cuando una persona pide arrendar una casa, y por el solo hecho de postular se siente con el derecho de instalarse sin que el dueño pueda decidir si acepta ese negocio y en qué condiciones”, finaliza la ministra.
