Fuente: El Mercurio
Santiago, Chile. 19 junio, 2012. En Ñuñoa, un emprendedor que quiera instalar un almacén de alimentos puede demorar sólo un día en obtener la patente comercial, pero 30 días en obtener el permiso de edificación. En La Florida le demoraría sólo 5 días en promedio.
En general, obtener un permiso de edificación puede demorar entre cinco días y más de sesenta días, con un costo que va desde $15.000 a más de $60.000, entre las comuna grandes del Gran Santiago.
Estos son ejemplos de las enormes diferencias en la Región Metropolitana cuando un emprendedor o pequeño empresario se enfrenta a los cotidianos trámites municipales para poner en rodaje su negocio.
Las cifras corresponden a lo declarado por 39 municipalidades del Gran Santiago. Ellas contestaron una encuesta para un estudio que elabora la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y el Ministerio de Economía, que busca generar una especie de “Doing Business Municipal”, o sea un indicador comparativo entre municipios para orientar sobre las condiciones para el emprendimiento.
De hecho, el informe adaptó la metodología del Banco Mundial de su famoso reporte sobre facilidad para hacer negocios. Se consultó a las municipalidades por los trámites más comunes o masivos que hacen empresas de menos de 50 trabajadores y un capital no mayor a $ 8 millones (UTM 200), del rubro venta de alimentos -una panadería o venta de comida preparada- y venta “al por menor”, como zapaterías, vestuario, lavandería, etc. O sea, no la “gran” empresa.
En paralelo la CCS encuestó a las empresas para ver si su percepción coincidía o no con la de los municipios.
Qué dicen las municipalidades
El resultado muestra que en promedio los permisos de edificación demoran 30 días y tienen un costo de $43.000, mientras las patentes tardan 8 días y cuestan $37.000.
Antonio Lama, dueño de un restaurante de comida peruana ubicado en la comuna de Las Condes, dice que a él no le costó nada instalarse. “Se demoraron como un mes, en realidad tuve suerte respecto de lo que he escuchado que pasa en otras comunas”, cuenta este pequeño empresario gastronómico.
Su experiencia concuerda con el ranking global de este estudio, en que Las Condes es la municipalidad que lidera el ranking global entre las comunas grandes mejor posicionadas, seguida de Renca, Providencia y Peñalolén. Estas tres están prácticamente empatadas.
“Nosotros tratamos de tener todos los trámites en red”, dice su alcalde Francisco de la Maza, pero explica que los temas de edificación o uso de suelo en esta comuna son “de alta complejidad”. Tienen más de 60 área diferentes, buscan resguardar el equilibrio entre zonas residenciales, mixtas y comerciales; y además -dice De la Maza- la ordenanza de construcción general está permanentemente cambiando desde el ministerio. “La mayoría de las veces el desconocimiento de los solicitantes hace que los trámites demoren más de lo que debiesen”, agrega.
Igual que en Las Condes, en otros municipios se repite este panorama en que varía la respuesta según el tipo de trámite. Municipios que son los más eficientes en otorgar patentes comerciales no repiten ese desempeño en los permisos de obras, y viceversa.
Renca lidera en cuanto a permisos de edificación y certificados de zonificación (el que muestra el uso de suelo y exigencias en una zona), pero en patentes comerciales baja al décimo lugar.
¿Por qué esta divergencia?
Para fuentes relacionadas a los gestores del estudio es indicativo de que las políticas pro emprendimiento pueden no ser homogéneas o no tener la misma fuerza en todos los departamentos de una municipalidad. Incluso puede haber altos grados de autonomía en las Direcciones de Obras.
Vicky Barahona, alcaldesa de Renca -que se ubica en el segundo lugar en el ranking global-, tiene otra visión: apunta a que hay trámites que no dependen sólo de la municipalidad. Para otorgar patentes comerciales definitivas de alimentos, explica, dependen de la agilidad de la Seremi de Salud.
“Cuando depende de uno, como la Dirección de Obras, uno puede establecer metas internas que optimicen el tiempo, pero acá nosotros dependemos de otras instancias y cuando esa instancia se demora, incluso puede llegar a ocho o nueve meses. Ya no depende sólo de uno y ahí se pone complicado”, explica. Dice que Renca ha implementado mecanismo de incentivos -asignaciones en dinero, reguladas por ley- a los funcionarios si cumplen metas. Y entre ellas está sacar en plazos estos trámites, lo que les ha significado doblar la inversión.
Por norma, las municipales pueden decidir qué tasa cobran en su distrito para sacar patente comercial, dentro un rango definido en la ley de rentas. La tasa va entre 2,5 a 5 por 1.000 del capital que declara el contribuyente (o sea por 1.000 de pesos de capital pueden cobrar entre 2,5 a 5 pesos). Pero ocurre que Las Condes, Santiago, Providencia y Vitacura están en el techo de dicho rango, pues aportan 2/3 de estos recursos al fondo común municipal, que considera esa tasa, explica De la Maza.
Permiso de obra: el talón de Aquiles
La CCS consultó a un universo de 370 firmas de la Región Metropolitana, desde micro a grandes compañías y de todos los rubros -agrícola, comercio, construcción, industria, servicios, financieras-, para ver qué opinaban los “usuarios” de estos trámites municipales. ¿Resultado? La percepción de las firmas dista de lo que dicen los municipios.
Las empresas dicen que en promedio las patentes comerciales tardan 32 días, lejos de los 8 días que asumen las municipalidades.
La percepción de las empresas es marcadamente negativa en el área de los permisos de obras, más que en cualquier otro trámite municipal. Sacan “nota roja” -3,6 y 3,9-, según se trate de sacar un permiso para “obra nueva” o para “obra menor”, respectivamente.
“El gran tema que vemos es que el director de Obras es una autoridad que no tiene el estatus que debiera tener en la administración pública”, dice Pablo Álvarez, gerente de Vivienda y Urbanismo de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), algo en lo que concuerdan las municipalidades.
Alude a que hoy es un funcionario público que goza de inamovilidad funcionaria y que reporta a autoridades nominativas (seremis de Vivienda y alcaldes), y tiene una gran autonomía.
“Pensamos que una autoridad de esa magnitud tiene que tener concursabilidad pública (en la Alta Dirección Pública) y plazo definido”, estima Álvarez, de modo que haya una real evaluación de desempeño. Y por otro lado, dice, que pueda delegar firma; por lo menos, en los casos de obras menores, pues hoy están sobrepasados.
“La asociación ha venido reiterando, frente a las autoridades y en forma insistente, la necesidad de dotar de cuadros profesionales y técnicos calificados, de profesionalizar más a sus funcionarios”, dice Raúl Torrealba, alcalde de Vitacura y presidente de la Asociación de Municipalidades.
Estima que también es un tema de recursos y de las vías por los que se canalizan. Un dato: dice que el Estado gasta a través de los gobiernos locales sólo un 12%, mientras que en los países desarrollados esa cifra supera al 40% o 50%.
Sobre los costos, sólo el 8% de las empresas dice que gastaron menos de $50.000 en el permiso de obra nueva, y una minoría (28%) considera que el costo razonable. En la evaluación general, los municipios se sacan un cinco, y la mejor nota se la lleva el trámite para sacar un certificado de capital propio.
